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Preocupación por 67 detenciones en aplicación de decretos presidenciales que criminalizaban con prisión por “desinformación” en Bolivia

La organización de derechos digitales Internet Bolivia, con apoyo de más de 40 organizaciones nacionales e internacionales entre las que se encuentra OBSERVACOM, la semana pasada publicó un comunicado donde demandó la anulación de los Decretos Supremos 4231 y 4200 -que establecían penas de prisión contra cualquier persona que difundiera contenidos que «pongan en riesgo o afecten a la salud pública”- y el esclarecimiento de 67 casos de arresto en aplicación de dichas normativas.

Al mismo momento, y bajo la presión internacional de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y organizaciones internacionales, el Gobierno anuló la disposición del decreto 4231, que penalizaba la difusión de información escrita, impresa y artística que pusiera en riesgo o afectara la salud pública. Sin embargo, aún no hay respuestas satisfactorias sobre las detenciones realizadas en ese marco.

Es que, según la legislación ahora anulada, aquellas personas que incitaran «el incumplimiento del presente Decreto Supremo [4231] o difundan información de cualquier í­ndole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Como en el texto del decreto anterior [4200], los términos utilizados para tipificar la conducta son genéricos. Además, no hay ninguna precisión sobre cuáles serán los delitos implicados una vez que la ´desinformación´ no está contemplada en el Código Penal y, por tanto, no es un delito”, señala el comunicado de Internet Bolivia.

Las organizaciones plantean que estas medidas atentan contra los derechos de libertad de expresión y de información y contradicen la Constitución boliviana. También la Convención Americana de Derechos Humanos y las recomendaciones internacionales, entre ellas, la reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Allí se indica que las limitaciones a los derechos humanos en el marco de la pandemia de COVID-19 deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad con la finalidad de atender a la salud.

Esta normativa, denunciaba el comunicado, “ignora las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistí­a Internacional por su ambigüedad y sus posibles afectaciones a la libertad de expresión y no responde a las preocupaciones relacionadas a la imprecisión de los términos adoptados”. “La redacción del Decreto 4231 deja amplio espacio para abusos interpretativos y  se teme una intención polí­tica de acallamiento de disidencias detrás de ambos decretos”, sostienen las organizaciones.

Al respecto de su impacto concreto, explican que “desde la publicación del Decreto Supremo 4200 el último 21 de marzo, 67 personas fueron arrestadas bajo la alegación de que estarían desinformando y con completa falta de transparencia acerca de sus identidades, los cargos, cuándo y cómo habrí­an sido aprehendidas. Se sospecha que varias de esas personas sean activistas, siguiendo las declaraciones del propio  Gobierno se tratarí­a de «agentes políticos». Llama la atención que entre las personas arrestadas, 37 habrían tenido un juicio abreviado y estarían presas cumpliendo condena”.

Además, señalan que el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo públicamente que la policía realiza “ciberpatrullajes” para identificar a quienes estarían desinformando. Esta acción “puede ser interpretada como una medida de vigilancia y monitoreo de sociedad civil, lo que es inconstitucional e ilegal, además de atentar en contra de los compromisos de derechos humanos firmados por el Estado Boliviano”, explica el comunicado.

“Es inaceptable que la emergencia de salud que afecta a los distintos países de la región sirva de excusa para la vulneración de derechos fundamentales”, concluye.

 

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