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Propuesta de regulación de medios de precandidato del Partido Comunista generó polémica en Chile

El precandidato presidencial Daniel Jadue (Partido Comunista) presentó su programa de Gobierno para el período 2022-2026 en el que propone, para el área de comunicación, la creación de una nueva ley de medios que reconozca a tres tipos de actores (públicos, privados y sin fines de lucro), limitar la concentración de la propiedad de medios privados, fortalecer a los medios públicos y crear Crear una Defensoría de audiencias y públicos, entre otros aspectos.

En el apartado “Derecho a la comunicación y medios”, el programa de Jadue sostiene que “Chile enfrenta grandes desafíos en materia de comunicación que se sostienen en la deficiente garantía de estos derechos en la Constitución, a la vez que la falta de institucionalidad y políticas públicas en relación a materias como la comunicación y el fomento de desarrollo de medios diversos para garantizar el pluralismo informativo”.

En este sentido, el programa propone “modificar la concepción neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios. Es decir, asumiendo la dimensión colectiva de estos derechos como condición básica a garantizar por parte del Estado, lo que incluye el pluralismo informativo y el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Su propuesta contempla siete puntos: 1) “crear un medio púbico” a partir de la modificación la Ley TVN en aspectos como el nombramiento de su directorio y mecanismo de financiamiento, para que se nutra de fondos públicos y privados; 2) impulsar el software libre en la administración y educación pública; 3) el reconocimiento en la nueva Constitución del acceso a Internet como derecho humano, así como el impulso al Plan de Banda Ancha para Chile; 4) Sentar las bases de un Sistema de Medios Públicos (SMP) multimedial que incluya distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual); 5) Promover una Ley Orgánica de Comunicación (LOC) o ley de medios que contemple la existencia de tres sectores de la comunicación (públicos, privados y sin fines de lucro), “así como el contexto digital”, que utilice mecanismos transparentes y democráticos para la asignación de frecuencias. A su vez plantea que “la Nueva Carta Magna deberá dar rango constitucional a la existencia de estos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad media privada”. 6) Crear una Defensoría de audiencias y públicos. 7) Por último, el programa de Jadue contempla la creación de una nueva estructura en el ámbito del Poder Ejecutivo que analice y evalúe prácticas internacionales de Ministerios de Información o Comunicaciones en distintos países del mundo.

Al ser entrevistado por Canal 13, Jadue causó polémica al afirmar que un “consejo ciudadano” revisaría las concesiones de los canales de televisión y otros medios de comunicación para determinar si cumplen con las características de “objetividad y pluralismo”.

El precandidato sostuvo que la concentración mediática genera “una baja confianza de los canales de televisión y algunos medios de comunicación, porque efectivamente la gente no les cree, porque no representan al derecho a la información veraz, oportuna y objetiva… Hay canales que parecen jefe de campaña de algunos candidatos”.

Sus dichos causaron rechazo en los medios privados, nucleados en la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), y en la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH), entre otros; y suscitaron apoyos por parte de organizaciones sociales como Fucatel, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas.

Según informó El Mercurio, ANATEL, asociación que reúne a TV+, Telecanal, La Red, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, sostuvo que intervenir la línea editorial de las estaciones televisivas es una práctica que «puede afectar el pluralismo».

La asociación considera que, frente a la sanción de una ley de medios, el Estado debe facilitar «su creación y operación, con total transparencia y sin discriminaciones arbitrarias o ideológicas. El pluralismo de los medios es garantía de una sociedad diversa y plural. La experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo”.

En tanto, ANARCICH manifestó en un comunicado que el Estado “nunca podrá ejercer acciones ni actitudes tendientes a imponer su injerencia en las líneas editoriales de nuestros medios locales, sino que debe respetar siempre y de forma irrestricta la libertad de expresión” y rechazó la creación de “cualquier tipo de organismo público” orientado a “la censura” de los contenidos. “Esta propuesta amedrentadora de la libertad de expresión nos parece una violación grave a la democracia, la libertad y pluralidad”.

Por el contrario, el observatorio de medios Fucatel y el Colegio de Periodistas, así como la Comisión Chilena de Derechos Humanos consideraron necesaria la intervención estatal para garantizar la diversidad y el pluralismo, según informó Radio Universidad de Chile.

Desde Fucatel señalaron que en Chile no existe una oferta de medios con una diversidad de miradas ya que, desde su perspectiva, los principales medios masivos “pertenecen a la derecha política y la oligarquía económica”.

Por su parte, Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, dijo que en Chile existe una alta concentración de la propiedad de los medios en manos privadas y que la nueva ley de medios vendría a garantizar la presencia de tres sectores de la comunicación, así como garantizar diversidad territorial.

En tanto, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sostuvo que “existe una relación directamente proporcional entre la libertad de expresión, ergo la existencia del pluralismo informativo, con la densidad del sistema democrático”. En este sentido destacó la necesidad de una normativa alineada con los estándares internacionales en la materia.

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