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Relatores de ONU advierten que regulaciones de telecomunicaciones e internet en Cuba pueden limitar los derechos humanos

Tres relatores de Naciones Unidas manifestaron su preocupación por las regulaciones sobre telecomunicaciones e internet en Cuba al considerar que pueden socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación de los ciudadanos. En un documento difundido públicamente, los expertos realizaron observaciones sobre las facultades atribuidas a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior sobre las telecomunicaciones del país, quienes pueden disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal.

“Nos preocupa que el decreto no define de manera precisa a qué se refiere con ‘medidas especiales’, tampoco establece a qué se refiere con ‘situaciones excepcionales, maniobras militares y otras circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales, así como con el orden interior’. Con respecto del procedimiento, también nos preocupa que el único requisito es informar al Ministerio de Comunicaciones, sin la intervención de un juez”, dice la misiva, firmada por la relatora sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan; el relator sobre los Derechos de Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y la relatora sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor.

En ese sentido, los expertos explicaron que “resulta preocupante que lo dispuesto en estas normas pueda ser empleado para limitar derechos como la libertad de expresión y opinión, y la libertad de reunión pacífica y de asociación, de manera no conforme con las exigencias del derecho internacional. Es necesario que se defina con precisión qué medidas serán aplicadas”. “La regulación de contenidos es una tarea compleja, que debe contemplarse cuidadosamente para no erosionar las libertades públicas y los derechos humanos”, agregaron, y recomendaron hacer las modificaciones necesarias para estar en sintonía con los principios internacionales de derechos humanos.

Los expertos de Naciones Unidas señalaron que la carta “basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros instrumentos internacionales. Recordamos en este respecto que Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el 28 de febrero de 2008, lo cual implica un deber, en virtud del derecho internacional, de no frustrar el objeto y propósito del pacto”.

Sobre las disposiciones que facultan a los operadores de servicio a suspender los servicios de telecomunicación, los relatores expresaron su preocupación por la vaguedad de la formulación acerca de la posible suspensión de servicios cuando sean utilizados para afectar o transmitir “información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana” o “la moralidad pública y el respeto al orden público”. “Resulta preocupante que una limitación tan considerable sea establecida mediante decreto gubernamental, sin asegurar la concordancia con los estándares internacionales y la participación necesaria de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o expertos relevantes”, sostuvieron.

Además, plantearon que “los supuestos que se establecen en las normas que facultan a la interrupción no constituyen un motivo legítimo para restringir la expresión según el artículo 19 de la DUDH y del PIDCP, tampoco para determinar incidentes de alta peligrosidad que faculten a las autoridades estatales a establecer medidas de monitoreo constante sobre los usuarios, que además podrían ser sancionados con hasta cuatro años de prisión con la legislación actual”.

Asimismo, explicaron que “en el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de información falsa no es en sí mismo un objetivo legítimo para restringir la libertad de expresión” y que “cualquier limitación de la desinformación debe establecer una conexión estrecha y concreta con la protección de uno de los objetivos legítimos enunciados en el artículo 19 (3) o en el artículo 20 PIDCP, para que sea lícita”. Por eso, afirmaron que “preocupa que los conceptos como información falsa o moralidad pública y el orden público dejan amplio margen de discrecionalidad al Estado y a los operadores de servicio para interrumpir el servicio, que pueda conducir a una aplicación arbitraria”.

Los relatores también afirmaron que las restricciones a la libertad de opinión y expresión deben seguir los criterios de necesidad y proporcionalidad. Así, señalaron que la discrecionalidad en la interrupción del servicio de internet “puede tener un efecto amedrentador en el trabajo de periodistas y personas defensoras y podría implicar una restricción desproporcional e innecesaria para cumplir con el objetivo de la norma”.

Por último, manifestaron su preocupación por que se faculte a ISPs a interrumpir el acceso a internet y a la telefonía sin supervisión judicial. “Toda legislación que restrinja la libertad de expresión debe ser aplicada por un órgano independiente”, concluyeron.

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