La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) presentaron el informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos” donde recomiendan que los Estados deben regular a las empresas y desarrollar políticas para mantener una Internet libre, abierta y plural.
Además exige transparencia a las empresas en los criterios de toma de decisiones e implementación de mecanismos para que los usuarios puedan realizar denuncias
Como hemos publicado, el informe elaborado por la Relatora Soledad García Muñoz, indica que no sólo es “necesario que los Estados de la región regulen y desarrollen políticas de supervisión adecuadas a estos contextos de constante y rápido desarrollo digital, sino que las empresas en las decisiones y procesos que lleven adelante deban incorporar el análisis de los riesgos y afectaciones que se producirían respecto del ejercicio de tales derechos guiando su comportamiento por los estándares internacionales existentes”.
Se enfatiza que el desarrollo de políticas públicas y regulación debe realizarse en el marco de los derechos humanos. “La CIDH y su REDESCA consideran que toda estrategia en torno al desarrollo de políticas públicas de los Estados o regulación normativa en la región relacionada con el uso de estas tecnologías debe tener un enfoque de desarrollo sostenible, que ponga el énfasis no sólo en la efectividad de la tecnología para impulsar el crecimiento económico, sino en su relación e impacto en el ejercicio de los derechos humanos”, dice el documento.
En este sentido, retoma los principios orientadores de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que incluyen “la no discriminación y la privacidad, el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, así como la gobernanza multisectorial y la neutralidad de la red como componentes transversales de estos principios”.
El informe destaca que “los derechos de los niños y las niñas es un ámbito específico en el que se ha subrayado preocupaciones por los riesgos que las tecnologías de información y comunicación pueden generar en su disfrute”. En este sentido, la CIDH y REDESCA sostienen que “los Estados deben promover que dichas empresas pongan especial atención a cómo el diseño e implementación de sus sistemas y operaciones ponen en riesgo los derechos de esta población etaria, dando particular atención a la protección de su privacidad, información personal, seguridad personal y el ejercicio de su libertad de expresión”.
El documento también señala la necesidad de transparencia sobre los criterios que utilizan para la toma de decisiones algorítmicas. “La CIDH y su REDESCA resaltan que a efectos de la evaluación de la garantía de los derechos humanos en este contexto es importante conocer si los criterios utilizados por las empresas para adoptar decisiones por y para los usuarios (en este caso: ordenar la información de búsqueda) son transparentes, legítimos y basados en el interés general. En otras palabras, que sean neutros y no tendenciosos ni discriminatorios, y que no afecten el derecho de las personas a una Internet libre y abierta, a la diversidad y al pluralismo de información, ideas y opiniones disponibles en Internet”.
También se apunta que las empresas deben evaluar de qué modo sus decisiones impactan en los derechos humanos e implementar mecanismos para que los usuarios puedan realizar denuncias. “Las mismas empresas involucradas deben implementar sistemas eficaces de supervisión, evaluaciones de impacto en los derechos humanos y sistemas de denuncias accesibles por los daños de sus servicios o actividades, incluyendo sus operaciones transnacionales. Cuando detecten que el uso de sus productos y servicios están siendo dirigidos a la vulneración de derechos humanos deberán tomar las medidas necesarias para evitar que continúen dichas prácticas, así como reportar tales situaciones a los órganos de supervisión competentes”, señala.
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