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Seis años de demora en juicio por concentración indebida de Grupo El Comercio: gobierno de Perú se justifica ante la CIDH para evitar caso

El Procurador del Ministerio de Justicia de Perú envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que justifica la demora para resolver la demanda de periodistas sobre concentración de Grupo El Comercio y sostiene que los plazos procesales son razonables.

El año pasado la CIDH pidió explicaciones al gobierno por las dilaciones en resolver este caso que un grupo de periodistas denunció en 2013. La demora del Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima motivó que éstos recurrieran al fuero internacional en septiembre de 2015.

En la carta a la CIDH, el Procurador explica que no hay vulneración del derecho de los demandantes porque, a pesar de que pasaron seis años y aún no hay sentencia en primera instancia, hubo actividad procesal del juez que se ha ido pronunciando a través de distintas actuaciones, según reportó el diario La República.

«No puede admitirse un argumento de ese tipo porque el proceso de amparo es de tutela urgente, la materia del proceso puede ser muy compleja pero eso no justifica que el juez demore más de seis años”, dijo Fernando Meléndez, abogado que patrocina la demanda a en Perú y ante la CIDH.

En 2017 se realizó una audiencia oral, que dejaba el camino listo para que el juez dictara la sentencia. Sin embargo, «entre esa fecha y ahora no ha habido mayor actividad procesal», explicó Meléndez.

Rosa María Palacios, miembro del grupo de ocho periodistas que realizó la demanda de concentración de El Comercio, se mostró sorprendida ante la respuesta del gobierno y calificó las demoras en el proceso como un “secuestro judicial”.

“La Convención Americana garantiza que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en un plazo razonable. Me sorprende que el Estado haya respondido que estamos en un plazo razonable. La respuesta del procurador y del Ministerio de Justicia es que este es un proceso complejo, cuando nadie lo ha declarado así”, dijo a través de una nota de opinión publicada en La República.

“Nosotros no somos una organización criminal ni estamos demandando a una organización criminal. Es un proceso de puro derecho, no hay que actuar ninguna prueba. Es la aplicación de un artículo de la Constitución. Si el juez no nos quiere dar la razón, nos puede decir que no para poder apelar y subir a la instancia siguiente. Pero el juez ha decidido secuestrarnos, esto es un secuestro judicial. Estamos cerca del séptimo año en su juzgado sin que nos dé una resolución. Eso es un abuso judicial en la idea de que vamos a abandonar el proceso”, concluyó.

 

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Imagen destacada: CIDH con licencia CC BY

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