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Senado aprobó cambios a la Ley Telco: entrega infraestructura pública a las empresas privadas

El Senado aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara (PLC) 79/2016, con el cual se reforma la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) de 1997. De este modo, los prestadores de telefonía fija quedan eximidos de cumplir con obligaciones de servicio público (universalización, obligación de continuidad, control tarifario) y se quedarán con la infraestructura pública a cambio de invertir en redes de banda ancha.

Además, el proyecto aprobado asigna más poderes a las empresas del sector para el uso del espectro, al introducir criterios más flexibles. Las compañías podrán comercializar parte de las bandas creando un mercado secundario de espectro.

La Ley establece un cambio en el régimen de prestación de servicio para los operadores de telefonía fija, que dejarían de tener obligaciones de servicio público y no tendrían que devolver los “bienes reversibles”, es decir, la infraestructura heredada de la privatización que, de acuerdo con la LGT, debía retornar al Estado al finalizar las concesiones de telefonía fija en 2025.

A cambio, los operadores deberán invertir en redes de banda ancha de alta capacidad de acuerdo a montos que defina la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), privilegiando la instalación en áreas de escasa o nula competencia.

Como hemos publicado anteriormente, una de los principales cuestionamientos, tanto desde las organizaciones de la sociedad civil como por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), es la forma de calcular el valor de los bienes reversibles ya que, según el monto que defina ANATEL, serán las inversiones que tendrán que hacer las empresas de telecomunicaciones.

De acuerdo con estimaciones del TCU, los bienes reversibles tienen un valor de US$ 30 mil millones, en cambio, para ANATEL y las empresas su valor es de US$ 5 mil millones, ya que argumentan que la infraestructura adquirida durante la privatización se depreció y lo seguirá haciendo hasta 2025, cuando finalicen las concesiones de telefonía fija.

El ministro del TCU, Walton Alencar Rodrigues planteó que ANATEL no cuenta con los conocimientos básicos para desempeñar la tarea de definir el monto de las inversiones. Según Telesintese, Rodrigues dijo que en todos estos años no fue acompañando las inversiones realizadas por las concesionarias, ni controló efectivamente los bienes reversibles, así como tampoco hizo control económico financiero de las concesiones.

Esta opinión coincide con el planteo de la Coalición por los Derechos en la Red, que representa a más de 30 organizaciones de derechos. De acuerdo con la entidad, hasta 2007 ANATEL no tenía la obligación de controlar las inversiones relativas a los bienes reversibles, incluso luego de que se aprobara la norma para que lo hiciera, continuó sin fiscalizarlo.

“Estamos hablando de la entrega de bienes vinculados a los contratos de concesión, entre ellos, los más valiosos -como ductos y redes de cobre-, ya avalados por ANATEL con un valor presente líquido en 2013 de US$ 17 mil millones y cuyo control por la agencia fue cuestionado por el TCU. Como el PLC dice que el valor de la transición considerará solo la previsión de las ganancias económicas desde ahora hasta 2025, sin las informaciones desde el inicio de la explotación en 1997, todo el patrimonio será entregado para las empresas que ya tienen una posición privilegiada concentrando mercados”, aseguró la abogada Flávia Lefèvre, integrante de la Coalición, a Globo.

Además, Lefévre considera que las modificaciones van en contra de los pequeños proveedores. “Reduce la posibilidad para que proveedores pequeños usen ductos y redes que podrían comprar de las teles asociadas. Al pasar a un régimen de autorización, ANATEL pierde el poder de control de las redes y de los precios que practican”, aseguró a Folha de Sao Paulo.

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