Por Santiago Marino, investigador asociado de OBSERVACOM.
La Comisión de Defensa de la Competencia de Sudáfrica afirma que Google y Meta llevan adelante comportamientos anticompetitivos, según surge de su informe provisional sobre el mercado de medios y plataformas digitales. Si bien todavía falta para la resolución definitiva del caso, el organismo anticipa la necesidad de establecer obligaciones a las grandes plataformas. Entre ellas, reducir usos de algoritmos que afectan la circulación y visibilidad de los medios nacionales y su capacidad de obtener ingresos. Cómo debería ser la relación entre plataformas y medios informativos es algo que el caso de Sudáfrica vuelve a poner sobre la mesa.
El convulsionado mes de febrero de 2025 terminó con una noticia internacional relevante para el sistema de medios digitales y el devenir de su regulación, sus modelos de negocios y el rol de las plataformas. Ahora también en el continente africano, Google y Meta enfrentan sanciones por comportamiento anticompetitivo hacia los medios de comunicación.
Esta es una de las principales conclusiones del informe provisional de la Comisión de Defensa de la Competencia de Sudáfrica, resultante de una investigación de 16 meses sobre ese mercado. El problema central radica en el rol que juegan como intermediarios entre quienes producen los contenidos periodísticos -en general, medios pequeños de origen sudafricano con una agenda informativa local- y las audiencias.
Es una cuestión económica. Su resolución, de acuerdo con la Comisión, demandaría una compensación material. Asimismo, el funcionamiento de sus algoritmos —y la prioridad que Facebook otorga a otros temas y medios, en detrimento de los periódicos locales— afecta la viabilidad económica de estos últimos.
Para la Comisión de Defensa de la Competencia sudafricana “el algoritmo de Google obstaculiza la capacidad de los medios de noticias para obtener y monetizar el tráfico digital al sobrerrepresentar a los medios extranjeros para las búsquedas y las principales noticias en Sudáfrica, mientras que subrepresentaba el idioma local y los medios comunitarios”, según da cuenta Silicon, un medio de Reino Unido especializado en la temática.
Por tanto, además de ser un tema económico, también lo es respecto de una intermediación privada sobre cómo dar visibilidad y circulación a contenidos publicados en sus redes sociales, que deriva en el control que estas plataformas ejercen sobre lo que llega -y lo que no- a las audiencias.
En su informe, la Comisión entiende que Google debe “compensar” a los medios de comunicación sudafricanos entre 300 y 500 millones de rands anuales -aproximadamente entre 16 y 27 millones de dólares- durante un período de tres a cinco años. Al respecto, Reuters destaca que para la Comisión la “desigualdad ha contribuido materialmente a la erosión de los medios en Sudáfrica durante los últimos 14 años y continuará haciéndolo a menos que se remedie”.
Y se advierte que, si las empresas a las que se dirigen sus conclusiones no cooperan en las soluciones propuestas, puede solicitar un impuesto del 5 al 10% a los gigantes tecnológicos para compensar a la industria de los medios locales. El organismo de control publicará un informe definitivo a finales de 2025, pero antes las partes interesadas tendrán tiempo para presentar pruebas que respalden su posición.
El debate central, los antecedentes y un camino de Johannesburg a Pretoria.
En el caso de Sudáfrica, el algoritmo de Google obstaculiza la capacidad de los sitios informativos nacionales de monetizar el tráfico digital, al otorgar relevancia a los medios extranjeros en las búsquedas y presentación de las principales noticias.
Dichas estrategias han llevado a conflictos a las plataformas en diferentes países con anterioridad, en tanto las plataformas afectan negativamente (muchas veces discriminan) la visibilidad y circulación de las producciones informativas de los medios nacionales. Los casos más significativos son los de Australia y Canadá.
Más allá del (nuevo) caso concreto, como trabajamos en OBSERVACOM con especial foco en América Latina, la viabilidad de la actividad periodística es un pilar fundamental de los sistemas democráticos y, también, de los distintos sistemas económicos: la divulgación de información veraz, clara y producida de manera profesional, autónoma e independiente de otros intereses es vital para la toma de decisiones informadas.
Ahora bien, eso no puede funcionar adecuadamente con el control que las plataformas ostentan de la circulación de las producciones periodísticas y del debate público en línea. Y lo que entendemos y proponemos -junto con UNESCO, por ejemplo- es que las plataformas deberían aportar algo.
En este punto del debate parece ser clave pensar críticamente cuál es el rol de las grandes plataformas en la configuración de mecanismos que aporten a la sostenibilidad de la actividad periodística y de los medios asociados a ella. Sea de manera de compensación por el uso de contenidos que luego les permite el lucro, o como contraprestación como por el lugar e impacto en la circulación de la información (y la amplificación de la desinformación) y la viabilidad de la actividad periodística por abuso de su posición dominante.
La relación entre plataformas digitales y medios periodísticos nacionales la debaten las empresas de medios y organizaciones que las nuclean, desde muchas perspectivas. También los colectivos de periodistas y trabajadores de medios. Y organizaciones de la sociedad civil, como OBSERVACOM.
En ese marco, es posible desandar un viaje imaginario por ciudades de Sudáfrica que va desde un Johannesburg (ciudad de Sudáfrica, donde se da el proceso judicial que aquí se analiza) a Pretoria, ciudad en la que se llevó a cabo la conferencia del GIBS Media Leadership Think Tanks -de la Universidad de Pretoria- en 2023.
Dicha Conferencia culminó con la adopción por parte de los firmantes del decálogo “Las grandes tecnologías y el periodismo: principios para una compensación justa”, firmado por periodistas, editores de noticias, organizaciones de medios, académicos, activistas, abogados y economistas de 24 países, tales como Camille Grenier, director de operaciones del Foro sobre Información y Democracia, la Asociación de Periodismo Digital de Brasil (Ajor) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
En la propuesta se sostiene que “los Principios pretenden ser universales y servir como marco para cualquier país que busque abordar la sostenibilidad de los medios a través de enfoques competitivos o regulatorios”. De ese decálogo se destacan el punto 4, sobre sostenibilidad, que habla de “garantizar una compensación justa por el uso de su propiedad intelectual y su contenido (…) y el 5, que bajo el concepto de “justicia” propone que “los mecanismos deben garantizar que las condiciones de colaboración entre plataformas y editores sean coherentes en todo el mercado y no permitan que plataformas o editores individuales lleguen a acuerdos preferenciales.”
Encuentro dos problemas relevantes aquí. El primero se enfoca en la noción de “propiedad intelectual” aplicada a la información, que es un bien público central para el pluralismo y la diversidad. El segundo puede parecer apenas semántico, sin embargo, es material: definir la retribución que las plataformas deberían pagar como “colaboración” omite las diferentes aristas del contexto, esas que subraya el Informe de Defensa de la Competencia de Sudáfrica por los comportamientos anticompetitivos de quienes deberían “colaborar”.
De todos modos, el título de la propuesta habla de “compensación” por el uso que hacen las plataformas (Facebook) de algo (las notas de información periodísticas) cuyos dueños son otros (los medios). Mientras esa lógica opere con las formas impuestas por las plataformas -sus algoritmos y la posibilidad de que ellas deciden qué circula y es visible y que no- las chances de que los medios pequeños, locales y /o comunitarios son pocas o nulas, pues carecen de tráfico. Y ahí apunta la Comisión. Será clave ver cómo se resuelve este entuerto para saber si asistimos a otra versión del efecto mariposa.
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