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Universidad de Columbia calificó la sentencia del caso Sudestada de Uruguay como un “precedente regresivo”

“Precedente regresivo” así fue calificada la sentencia del caso del medio digital Sudestada contra la plataforma Google, que el año pasado desindexó de los resultados de su buscador dos artículos periodísticos sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en un esquema de lavado de dinero, en un análisis realizado por la Universidad de Columbia.

El departamento de Libertad de Expresión Global de la universidad estadounidense analizó el caso luego de que los tribunales uruguayos resolvieran no poder actuar ante el recurso de amparo presentado por Sudestada, al no tener competencia para decidir sobre este caso en el que Google aplicó el derecho al olvido vigente en Europa. Entienden, además, que como el contenido no fue eliminado de Internet a nivel mundial, sino desindexado por un motor de búsqueda en una región, no se afecta la libertad de expresión o de prensa.

Luego de recibidas las notificaciones de Google, Sudestada decidió denunciar la situación ante la justicia uruguaya y OBSERVACOM asesoró jurídicamente al medio y al periodista en el entendido de que la decisión unilateral de Google no permite una defensa efectiva del derecho del periodista y del medio a informar sobre asuntos de interés público.

Los demandantes esgrimieron que Google no actuó de manera licita y no respetó los estándares interamericanos de derechos humanos, ya que los tribunales uruguayos deberían intervenir cuando existe una clara violación de los derechos humanos. Por su parte, la defensa de Google argumentó que la decisión se tomó para cumplir con la solicitud de un ciudadano español, dentro de la normativa de protección de datos europea.

Según lo expresado por la Universidad de Columbia, si bien la justicia uruguaya determinó rechazar el caso por “falta de competencia, la sentencia profundizó en elementos sustanciales del derecho al olvido y la responsabilidad de los intermediarios que incluyen restricciones a la libertad de expresión de los ciudadanos uruguayos”.

En el documento se cita al reporte «Estándares para una internet libre, abierta e inclusiva» producido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se afirma que la desindexación hace que “la información sea más difícil de encontrar y la invisibiliza. Ambos (bloqueo y desindexación) tienen un efecto limitante del derecho a la libertad de expresión porque restringen la posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas sin importar las fronteras nacionales”.

Para la justicia uruguaya el demandante debió buscar una reparación en donde se bloqueó la información, es decir en Europa, lo que significa un importante aumento de los costos del litigio. En este sentido, Columbia identifica que este argumento genera un efecto disuasorio para que periodistas y activistas no presenten denuncias contra empresas internacionales que no operan en el país.

En conclusión, el primer caso en Uruguay que analiza la responsabilidad de las grandes empresas de Internet establece “un precedente regresivo puesto que la sentencia desaconseja futuros reclamos contra plataformas de internet a pesar de que las personas se vean perjudicadas por leyes extranjeras”, concluyó el informe.

Edison Lanza, ex-relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su cuenta de Twitter manifestó qué, tal y como concluyó la Universidad de Columbia en el referido análisis, la decisión de la justicia uruguaya sobre este caso marca que nos encontramos ante una “época de retrocesos” en materia de libertad de expresión.

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Sudestada and Fabián Werner v. Google

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