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Universidad de Costa Rica: No hay debate público en el país sobre el impacto de las grandes plataformas de Internet en el derecho a la información

“No existen proyectos de ley que pongan en el debate público los derechos digitales o que al menos se discuta el impacto de las grandes plataformas de Internet sobre el derecho a la información de las personas”, dice el II Informe del Estado de la Libertad de Expresión , elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La investigadora Giselle Boza Solano analiza, en uno de los capítulos del Informe, las iniciativas legislativas y la jurisprudencia constitucional y electoral sobre la libertad de expresión y el derecho a información en Costa Rica en los últimos dos años.

En él, plantea que «el país no cuenta con suficientes garantías para promover la diversidad de las voces y de los contenidos en el diálogo social… se nota una ausencia total de iniciativas legislativas que impulsen mecanismos de política pública para promover procesos con réditos en el campo de una comunicación plural e inclusiva”.

Si bien destaca iniciativas positivas como la concesión de una frecuencia de radio FM para la Universidad Técnica Nacional, el interés por reformar la Ley de Radio y TV para consagrar el acceso a contenidos de interés relevante en la TV abierta o la propuesta de cambios en la Ley de Cine para incluir el acceso a fondos concursantes y aplicar impuestos a las plataformas digitales,  “la agenda legislativa carece de propuestas novedosas”, señala el informe.

Entre los antecedentes negativos con el potencial de limitar la libertad de expresión, Boza menciona el voto del Tribunal Supremo de Elecciones “que pondera a favor de un candidato presidencial la protección de su cuenta privada en una red social frente al interés público… deja dudas sobre su correspondencia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al papel relevante de los derechos comunicativos en el contexto de los procesos electorales”.

Sobre discursos de odio y noticias falsas, se advierten iniciativas que representan “un intento de disminuir las garantías para el ejercicio de la crítica política”. Tal es el caso de la  propuesta de Ley denominada “Protección del honor ante el uso abusivo de la expresión en redes sociales”, presentada en 2018 por el diputado independiente Jonathan Prendas Rodríguez, con la firma de 10 legisladores.

“Mientras la tendencia es hacia la despenalización de los delitos contra el honor, la propuesta busca aumentar penas cuando la ofensa fuere inferida en público o en cualquier red social o herramienta tecnológica de difusión masiva”, explica el informe.

Por su parte, el proyecto de Ley N° 21.187, para combatir la ciberdelincuencia, propone sancionar con prisión a quien fabrique o difunda noticias falsas a través de los medios informáticos, que sean capaces de distorsionar o causar perjuicios al sistema financiero o afectar las decisiones del electorado. Al respecto, Boza recuerda que los Relatores de Libertad de Expresión instan a derogar prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos ambiguos (como noticias falsas) por considerarlos incompatibles con los estándares de libertad de expresión. En este sentido han señalado que “los Estados tienen la obligación positiva de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, que constituye un aspecto clave para abordar la desinformación y la propaganda”.

Uno de los proyectos reseñados en el informe que se vinculan con Internet es la iniciativa de reforma a la Ley de Cinematografía y Audiovisual, que dispone que las plataformas digitales y empresas de TV por suscripción paguen un impuesto del 1.5% para financiar la industria audiovisual local. El proyecto también establece un Fondo de Fomento para otorgar estímulos mediante concursos para la producción y realización de obras nacionales, así como para la distribución, exhibición y divulgación de la cinematografía y audiovisual nacionales.

“La propuesta es objetada por los prestatarios de servicios de televisión paga afiliados a la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), quienes consideran que la reforma afectará a los usuarios de los servicios como televisión por cable, satélite y plataformas digitales”, señala el informe de PROLEDI.

El II Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica se completa con las contribuciones de distintos capítulos elaborados por investigadores del la Universidad de Costa Rica.

El capítulo 2, de Lidieth Garro, Lilliana Solís y Allan Monge, plantea un estudio cuantitativo sobre las características y autopercepción de los medios de comunicación de Costa Rica. El Capítulo 3, elaborado por Óscar Mario Jiménez Alvarado, propone un acercamiento a los medios de comunicación religiosos de Costa Rica. El capítulo 4, escrito por Johanna Rodríguez López, se refiere a la publicidad oficial. En tanto el capítulo 5, de Yanet Martínez Toledo, aborda la violencia contra las mujeres en noticieros. Por último,  Francisco Robles Rivera hace una síntesis sobre la captura de medios durante las elecciones en Costa Rica.

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