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Concentración y libertad de expresión en Internet: reflexiones para el debate

El problema de la concentración mediática y su impacto en la libertad de expresión y el acceso a la información encuentran un nuevo escenario de discusión frente a los procesos de digitalización y convergencia de los servicios de comunicación audiovisual y las tecnologías de banda ancha.

El fuerte avance de internet en la región lleva a reflexionar sobre el fenómeno de la concentración en el nuevo entorno digital donde, en apariencia, el propio concepto parece obsoleto en la medida que millones de usuarios de redes sociales, bloggers y youtubers producen contenidos. Esta situación invisibiliza que la concentración en Internet se produce a mayor escala que en el escenario analógico: tan sólo un puñado de grandes corporaciones transnacionales controlan los flujos de información, infraestructura y servicios.

Este fue uno de los grandes ejes de debate del “Encuentro sobre concentración de medios y convergencia digital en América Latina”, organizado por OBSERVACOM y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), realizado del 4 al 5 de febrero de 2016, en Montevideo, Uruguay.

Gabriel Levy y Sergio Andrés Urquijo, ambos especialistas en tecnologías de información y comunicación (TIC) de Colombia, propusieron un modelo de análisis de Internet a través de 7 categorías o “capas”, que permitan entender el escenario de  concentración, ya sea de la propiedad, de los usuarios o del tráfico. Los especialistas indicaron que en la capa 00, referida a los proveedores físicos de dominio y hosting, las seis principales empresas concentran el 49 % de toda la operación global. En tanto, en la capa de proveedores de servicios y contenidos (capa 1) se advierte concentración  de usuarios por área geográfica, así como las empresas están concentradas en conglomerados. Ejemplo de esta capa son: Alphabet, Google y Facebook. La capa 2, de proveedores de plataforma, con empresas como Apple y Google, presenta un alto riesgo a la concentración porque operan como ecosistemas privados y a veces excluyentes,  controlando el acceso al universo de servicios. En cambio, la capa 3, de creadores y productores de contenidos, hace que Internet sea percibida como democratizadora del acceso en la medida que el 65% de los contenidos de la web es producido por blogueros y demás prosumidores. Por el contrario, en la capa 4, de Content delivery networks (CDN), las grandes corporaciones como Akamai, Level 3, Google Cache, China Cache y Amazon Cloud concentran el 90% del tráfico almacenado. La concentración de proveedores también se advierte en lo referente a la capa de proveedores de conectividad de gran capacidad internacional, así como los de última milla.

En la misma dirección, Helena Martins, miembro del Consejo Directivo de Intervozes de Brasil, también dio cuenta del escenario de concentración en el acceso y tráfico de Internet. En particular, se refirió al proyecto de Facebook, Internet.org por medio del cual, la empresa pretende ofrecer “internet” a la población que no está conectada, sin cobro por conexión o por descuento en el paquete de datos, acceso a un conjunto de aplicaciones y páginas seleccionadas por el propio Facebook. “Como resultado, la empresa generará más informaciones privilegiadas sobre los usuarios, las cuales podrán subsidiar la producción de publicidad personalizada. El nombre inicial de la iniciativa no deja dudas sobre otro gran objetivo: confundir a Internet con Facebook”, afirmó.

Martins señaló que “el desafío de garantizar universalidad de la banda ancha solo podrá ser superado con la consideración del acceso a Internet como un servicio básico. Eso debe significar mayor regulación estatal, adopción de políticas y subsidios públicos que sean revertidos en obligaciones condescendientes de las empresas para que, de hecho, todo ciudadano tenga ese derecho garantizado”.

Por su parte, el sudafricano Mike Jensen, de APC, planteó cómo el proceso de digitalización y convergencia contribuyó al incremento de la consolidación corporativa y a la mayor integración vertical de los medios digitales y como ésta situación limita la diversidad de fuentes de información y su autonomía al restringir los medios de distribución a unos pocos actores. Al mismo tiempo manifestó una preocupación para la sociedad civil ya que, en la medida que se restringe el rol del servicio público en los medios electrónicos, existe una creciente estratificación y desigualdad en la prestación del servicio y en la audiencia televisiva, lo que lleva a un aislamiento y hace cada vez más difícil llegar a todo el público de  manera uniforme.

A partir de las tendencias señaladas, Jensen enumeró algunos de los mecanismos y políticas existentes que se discuten en distintos países: los Derechos de Propiedad Intelectual sobre el contenido de la distribución; el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP); las Designaciones del Peso Significativo en el Mercado (PSM); Estrategias para el dividendo digital; Requisitos de contenido local; Regulación OTT y Límites a la responsabilidad de intermediarios.

En tanto, el abogado español Ángel García Castillejo, ex Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España, dio cuenta de interés creciente del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros en la vigilancia de los medios de comunicación, en el marco de su estrategia política a favor del pluralismo en el sistema de medios. Así se refirió a la iniciativa “Monitoring Media Pluralism in Europe” (MPM) por la cual el Parlamento Europeo realizó una prueba piloto de medición del pluralismo de los medios en 2009 y con posterioridad en 2014. También mencionó que algunas herramientas que el Consejo de Europa estableció para promocionar el pluralismo en medios de comunicación: un marco normativo que fije límites a la concentración de medios; organismos regulatorios específicos con facultades para actuar contra la concentración; medidas específicas contra la integración vertical; independencia de las autoridades de regulación; transparencia de los medios de comunicación; medidas destinadas a promover activamente la producción y la difusión de contenidos variados; apoyo financiero, directo o indirecto, destinado a fortalecer el pluralismo, concedido sobre la base de criterios objetivos y no partidistas, en el marco de procedimientos transparentes y sometidos a un control independiente; e instrumentos de autorregulación, como directrices editoriales o leyes que rigen la independencia de la prensa.

Posibles cursos de acción para la sociedad civil

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, planteó que “falta evidencia sobre cómo sucede la concentración indebida, los monopolios y oligopolios en el entorno actual”. Señaló que una estrategia de acción para la sociedad civil es litigar casos ante la CIDH, lo cual permitirá avanzar en la definición de estándares de libertad de expresión en el entorno digital.

Por su parte, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de Argentina y miembro de OBSERVACOM, Guillermo Mastrini, afirmó que “en América Latina los niveles de concentración son más altos que en el resto del mundo”. Advirtió que el principal desafío para la sociedad civil es encontrar la manera de interactuar en el nuevo escenario y señaló que “las alianzas tienen que ser multi-variables, habrá que encontrar en cada escenario cuál es el interlocutor válido de acuerdo a la demanda específica”.

Martín Becerra, otro investigador argentino especializado en políticas de comunicación y también integrante de OBSERVACOM, señaló la importancia de analizar qué pasó con las reformas regulatorias acontecidas en los últimos años en mucho países de la región que buscaron limitar la concentración de la propiedad. “Los efectos materiales del statu quo regulatorio han sido pobres, en cambio cuando el Estado genera normativas pro sectores empresarios, sus efectos son inmediatos”, sentenció.

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