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AMDA denuncia desinformación por parte de medios comerciales de México como reacción ante sentencia por derechos de audiencias

Luego de que se conociera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia a favor de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recobre sus atribuciones para defender los derechos de las audiencias, medios comerciales iniciaron una campaña contra la decisión, que incluyó la publicación de informaciones falsas sobre los efectos del fallo y la acusación de que la medida atenta contra la libertad de expresión.

Frente a esto, tanto AMDA como distintos expertos y académicos publicaron aclaraciones y precisiones para contrarrestar la lógica de desinformación de los radiodifusores.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respaldó la protección judicial a los derechos de las audiencias. “La CDHCM celebra el criterio de la Corte, pues tiene como fin evitar supeditar esos derechos a cualquier interés privado. Esta decisión privilegia el derecho amplio a la información por encima de la capacidad privada para limitarlo directa o indirectamente”, señaló el organismo a través de un comunicado.

De acuerdo con AMDA, “entre el 11 al 19 de mayo hemos detectado 56 textos, entre artículos y notas informativas…. (con) afirmaciones que carecen de sustento, lo cual genera desinformación y confusión que podríamos identificar como tendenciosa, ya que se repiten ciertas líneas de argumentación que cuestionan esta resolución de la Corte”, sostiene el comunicado de AMDA.

Uno de los argumentos que repetía en forma tendenciosa la prensa señalaba que la sentencia de la Suprema Corte obligaría a los medios a diferenciar información noticiosa de la opinión de quien la presenta y que quienes no lo hagan deberán pagar una multa del 3% sobre sus ingresos.

En este sentido, el comunicado de AMDA explica que en el amparo presentado “no está involucrada la obligación del concesionario a separar la información de opinión que incluso está derogada desde el 2017 y no se está reclamando ni reviviendo con la resolución”. Asimismo indica que “el único artículo en el que se hace mención a sanciones vinculadas con la defensa de las audiencias es el 311 de la LFTR (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), donde no se identifica ninguna sanción por concepto de no diferenciar información de opinión, mucho menos un 3% tan claramente mencionado por algunos comentaristas”.

Otra de las informaciones difundida por los radiodifusores es que se trata de una “Ley Mordaza” en la medida que implica la intervención de los contenidos, especialmente, los noticieros. “En ningún lugar de la sentencia avalada por la SCJN se hace mención alguna a la intervención de la autoridad en los contenidos”, explica AMDA.

Distintos medios apuntaron además que la figura de los Defensores los habilita a actuar como censores. “Hasta este momento no conocemos de ningún incidente/hecho de censura promovido por ningún defensor o defensora, en virtud de que la función de estas figuras es se mediador entre las audiencias y sus medios; su responsabilidad es atender las opiniones, reclamos, quejas o sugerencias de las audiencias y en su caso emitir recomendaciones no vinculatorias. Las defensorías deben promover y estimular el conocimiento de los derechos de las audiencias”, precisó AMDA. 

Los posicionamientos en contra de la decisión de la Suprema Corte no solo incluyeron desinformación sino también acusaciones y amenazas por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de recurrir la medida ante instancias nacionales e internacionales. A través de un comunicado aseguraron que acudirían a la CDHCM, donde seguramente su reclamo no prospere ya que, como se señaló anteriormente, el organismo manifestó su apoyo a la decisión de la Corte.

Asimismo, desde la CIRT dijeron que llevarán el tema a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que harán una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como pedirán una reunión de emergencia ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IIFT) para explicar al pleno que los actuales lineamientos no pueden operar.

Este último es uno de los argumentos falsos que tuvo eco en la prensa. Se dijo que la sentencia revive los lineamientos emitidos por el IFT de 2016 (que, como informamos, quedaron sin efecto luego de la “contrarreforma” aprobada por el Congreso en 2017). Frente a esto, AMDA explicó que “la resolución de la Corte sobre la sentencia solo restablece la atribución del IFT para emitir lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias. El órgano regulador, tendrá que emitir los que tenía en 2016 o generar nuevos lineamientos, por lo que adelantar juicios como lo hacen algunos columnistas sobre lo que contendrán algunos lineamientos no solo es apresurado sino tendencioso”.

Frente a la ofensiva de desinformación,  el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Jorge Bravo dijo en su nota publicada en El Economista que “la reacción perdedora y desinformadora de los radiodifusores confirma la importancia de los derechos de las audiencias y de un regulador que los tutele…(Los medios) pueden estar legítimamente en contra de lo que resolvió el juez y la SCJN, pero eso no los autoriza a desinformar a sus audiencias y lectores. Esa es una de las razones por las cuales los medios electrónicos han perdido confianza, credibilidad… y cada vez tienen menos audiencias”,

Por su parte, el académico Raúl Trejo Delarbre señaló en su columna de Crónica que “los medios padecen ya suficientes amagos, comenzando por las descalificaciones y exigencias del presidente, para que a los ciudadanos se les confunda con patrañas sobre amenazas de censura en donde no las hay”.

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