La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) anunció que Google admitió su responsabilidad por acuerdos anticompetitivos con dos grandes empresas de telecomunicaciones, para que preinstalaran Google Search en los teléfonos móviles Android. La autoridad de competencia y la big tech acordaron una sanción de aproximadamente US$36 millones.
Google reconoció haber incurrido en prácticas anticompetitivas en Australia al firmar acuerdos con las empresas de telecomunicaciones Telstra y Optus, que entre diciembre de 2019 y marzo de 2021 vendieron teléfonos Android con Google Search como único buscador preinstalado.
A cambio de esta exclusividad, las operadoras recibían una parte de los ingresos publicitarios generados por las búsquedas realizadas en esos dispositivos. Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), este mecanismo redujo sustancialmente la competencia en el mercado de buscadores, al excluir a otros proveedores y limitar las opciones de los usuarios.
La compañía admitió su responsabilidad y acordó recomendar al Tribunal Federal el pago de una multa de 55 millones de dólares australianos (unos US$36 millones). El tribunal será quien determine si la sanción es adecuada o si corresponde fijar otro monto.
Además, Google firmó un compromiso judicial que la obliga a eliminar de sus contratos las cláusulas de exclusividad sobre la preinstalación y la configuración por defecto de su buscador en teléfonos Android.
“Las conductas que restringen la competencia son ilegales en Australia porque suelen implicar menos opciones, mayores costos o un peor servicio para los consumidores”, señaló la presidenta de la ACCC, Gina Cass-Gottlieb.
Asimismo, la presidenta agregó que la resolución del caso “crea la posibilidad de que millones de australianos tengan más opciones de búsqueda en el futuro” y abre espacio para que otros motores de búsqueda accedan con mayor visibilidad al mercado.
El caso se enmarca en una extensa investigación de la ACCC sobre el funcionamiento de las plataformas digitales, que identificó preocupaciones en torno a los acuerdos contractuales de Google vinculados a la preinstalación de su buscador.
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