El conflicto entre la empresa tecnológica y el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil pone en evidencia las tensiones entre la jurisdicción local y la resistencia de plataformas extranjeras a cumplir con órdenes judiciales fuera de su país de origen.
La plataforma de videos Rumble presentó una demanda en una Corte de Florida para tratar de impedir el cumplimiento de una nueva orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que le exige la entrega de datos de un usuario y el bloqueo de su cuenta.
Se trata de un nuevo capítulo en la disputa entre el Estado brasileño y una empresa tecnológica extranjera que se niega a acatar decisiones judiciales dictadas dentro del territorio nacional. Esto reaviva el problema cada vez más frecuente de empresas tecnológicas extranjeras que operan en el país, se niegan a cumplir con la normativa local y recurren a mecanismos judiciales en sus países de origen para evitar sanciones.
La medida fue dictada por el juez Alexandre de Moraes el 11 de julio de 2025, e impone una multa diaria de 100 mil reales (aproximadamente U$S 18.000) en caso de incumplimiento. La orden judicial forma parte de la investigación por noticias falsas que investiga la difusión de desinformación en redes sociales. En este caso, se vincula al comentarista Rodrigo Constantino, cuya cuenta fue objeto de la medida.
En su presentación ante la Justicia estadounidense, Rumble, en conjunto con la red Truth Social, asociada a Donald Trump, alegó que la orden viola leyes de Estados Unidos y que el procedimiento fue irregular, ya que se comunicó por correo electrónico y no a través de mecanismos legales internacionales. Además, sostienen que el usuario afectado es ciudadano estadounidense y que la cuenta se encuentra inactiva desde diciembre de 2023.
La decisión de De Moraes no es un hecho aislado. En febrero de 2025, el mismo juez ya había ordenado el bloqueo total de Rumble en Brasil por desobedecer decisiones anteriores, como la eliminación del canal del periodista Allan dos Santos —prófugo de la Justicia brasileña— y la negativa a designar un representante legal en el país. Entonces, Rumble denunció una “censura sin precedentes” y también acudió a la Justicia de Estados Unidos para intentar frenar las sanciones.
El nuevo conflicto se produce apenas dos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump enviara una carta al presidente Lula da Silva expresando su preocupación por la actuación del Estado brasileño frente a empresas tecnológicas de su país. Las plataformas insisten en que las medidas de Moraes son “órdenes de silencio” e intentan posicionarlas como violaciones a la Primera Enmienda estadounidense.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico brasileño, se trata de una empresa extranjera que opera en el país y que, al no cumplir con la normativa local ni acatar las decisiones judiciales, debe ser sancionada conforme a las leyes nacionales. El caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan los Estados para ejercer soberanía sobre plataformas digitales globales que intentan ampararse en marcos legales extranjeros para evitar su rendición de cuentas en los países donde ofrecen sus servicios.
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