El Centro de Medios, Datos y Sociedad (CMDS), que investiga el rol de los medios, la comunicación y las políticas de la información y sus impactos, publicó el primer informe de América Latina como parte del proyecto «Matriz de Influencia de Medios» (MIM). El informe trata de la relación entre el gobierno, la política y la regulación de los medios en Argentina. La elaboración del proyecto MIM contó con la colaboración de OBSERVACOM, y la Universidad de Santiago de Compostela.
Según indica el informe, los medios de comunicación argentinos operan en un marco formal de libertad, “no exenta de presiones por parte del Estado y de los intereses comerciales”.
Se destaca que Argentina ha mantenido una tradición “presidencialista”, dándole al Poder Ejecutivo iniciativa en materia política y, por ende, en los proyectos de regulación comunicacional, influyendo en menor medida, el Congreso de la Nación.
A su vez, los principales grupos de comunicación han tenido injerencia en las regulaciones, aunque se afirma que los actores no representan un “conjunto de interés absolutamente homogéneo”.
“Se aprecia una importante diferencia entre los grandes grupos multimedia concentrados radicados en la ciudad de Buenos Aires (Clarín, La Nación, América), y los medios medianos y pequeños del resto del país”, se señala en el documento.
En ese sentido, el informe señala que los grupos de medios más grandes del país, son los que tienen un mayor peso en la política de toma de decisiones. Estas empresas de medios, generalmente promueven un lobby destinado a la desregulación de la propiedad de medios, y para facilitar nuevos negocios vinculados a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Como resultado de esta influencia “las empresas siempre son escuchadas por los gobiernos”.
El informe expresa que las noticias que circulan por los medios “están cruzadas con los intereses que presentan los dueños de dichos medios, que se transforman en actores relevantes en el ecosistema de medios y mapa político nacional”.
Los propietarios de los medios no tuvieron grandes conflictos con el gobierno hasta que se empezó a discutir la ley de medios (2008-2009), ya que según describe el informe “ha existido un pacto tácito en el que los medios no fueron sustancialmente críticos a cambio de la no injerencia del poder político en el desarrollo de sus mercados”.
El informe enfatiza que la regulación de medios de difusión ha ocupado un lugar protagónico en el debate público en Argentina, entre el año 2008 y 2015. Con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), se “intentó atenuar la concentración de la propiedad de los medios y fomentar la comunicación no comercial”.
En cuanto a Internet, los autores señalan que no existen regulaciones específicas hasta ahora, salvo cuestiones de carácter impositivo. Además, se hace énfasis en la “limitada” capacidad que tiene el Estado para intervenir en plataformas y redes sociales.
Por último, se menciona el rol de la sociedad civil y se señala que son muy pocas las organizaciones que participan en la política de comunicación y que sus intervenciones son ante hechos puntuales. Se destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol importante en la influencia externa, “ya que algunos de sus fallos han implicado cambios en la legislación argentina”.
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