Una mesa de diálogo coordinada por las Universidades de Chile, de La Frontera y de La Serena presentó un informe con recomendaciones que servirán como insumo para elaborar políticas públicas para fortalecer un ecosistema comunicacional más plural y diverso en Chile
Las Universidades de Chile (Uchile), de La Frontera y de La Serena concluyeron su trabajo en el marco del convenio “Más Voces: Democracia y Medios de Comunicación” -una iniciativa del gobierno chileno- con la presentación de un informe que recomienda fortalecer un ecosistema mediático diverso, más desconcentrado y con mayor apoyo a los medios comunitarios, locales, regionales y de pueblos originarios. A su vez, se incentiva a modificar el uso del espectro radioeléctrico -en busca de asignar nuevas señales- así como transparentar y regular la publicidad estatal para favorecer el pluralismo.
El informe se presentó el 20 de enero y se produce luego de varios meses de análisis y entrevistas con actores nacionales e internacionales, y destaca que los gobiernos deben tener una participación activa para favorecer los derechos de las personas en los ecosistemas comunicativos, ya que “la autorregulación basada solo en las dimensiones económicas no asegura el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad”.
En términos de medios comunitarios se menciona que es necesario adecuar la normativa vigente para ceñirse a estándares internacionales de libertad de expresión, favoreciendo el acceso de los mismos a recursos que permitan su sostenibilidad y a su vez, brindando capacitaciones y soporte permanente.
Por otra parte, el informe sugiere que se eliminen las penas de prisión a las emisoras comunitarias que no posean un permiso para transmitir -derogando el artículo 36B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168-, un reclamo del sector que lleva varios años, y fue analizada por OBSERVACOM en el informe “Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Chile”.
También se menciona que es necesario promover con financiamiento estatal “espacios comunicativos mediáticos y no mediáticos” que incluyan a sectores no visibilizados en la opinión pública como indígenas, comunidades LGTBIQ+ y migrantes.
Además, se propone transparentar el gasto en publicidad estatal, definiendo porcentajes para medios comunitarios, medios grandes o grupos mediáticos y medios con una menor facturación. La doctora en Comunicación y académica integrante por la Universidad de Chile en la mesa de trabajo, Ana María Castillo, aseguró que es necesario que haya publicidad estatal, pero que esta debe estar regulada, y “no debe tener orientaciones programáticas”.
El informe también aporta algunas recomendaciones sobre temas vinculados a Internet. Se recomienda crear un “marco regulatorio que se focalice en controlar la difusión de los discursos de odio”, así como mesas intersectoriales que trabajen para mejorar el acceso de toda la ciudadanía a la conectividad.
Para su ejecución se analizaron documentos y estudios previos, jurisprudencia internacional y propuestas de diversos sectores -trabajadores del sector de la comunicación, organizaciones de la sociedad civil, el Colegio de Periodistas y la UNESCO, entre otros- que fueron involucrados en amplios debates.
Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno (organismo que coordinó con las Universidades esta iniciativa), manifestó que el informe final es el resultado de “un diálogo que incluyó a una diversidad muy amplia de expertos, actores e instituciones” y que es “es el primero de muchos pasos que contribuyen a seguir fortaleciendo nuestra democracia, y garantizando los derechos asociados a la comunicación”.
El rector de la Universidad de La Frontera, Eduardo Hebel Weiss, expresó que es fundamental que el sistema de medios pueda “diversificarse, ampliarse y dar espacio a nuevas voces. Solo así podremos cautelar la libertad de expresión de opinión y el derecho a la información”, aseguró.
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