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Edison Lanza: “hiperconcentradas” compañías de Internet son “gatekeepers del debate público” que deben adoptar estándares de DDHH

Las compañías de Internet deben adoptar los principios de tratados sobre derechos humanos, consultar sus reglas de moderación de modo amplio con la comunidad, y adoptar mecanismos de apelación con Consejos independientes y debido proceso, aseguró el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en el Seminario sobre “Grandes plataformas de Internet y moderación de contenidos: desafíos para la libertad de expresión y otros derechos humanos”, realizado el 10 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.

En el evento -organizado por OBSERVACOM, Intervozes, el Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), Desarrollo Digital, la Coalición por los Derechos en la Red y el Foro Nacional por la Democratización de las Comunicaciones (FNDC), Lanza destacó el poder de las plataformas: “Un puñado de empresas (no sólo americanas) hacen las reglas de contenido y de buena parte del espacio público, moderan sin control externo los contenidos… Son los gatekeepers de las noticias y de los medios, del debate público”, dijo.

Recordó que junto con los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Europa y África este año se emitió la Declaración Conjunta sobre los “desafíos para la libertad de expresión en la próxima década”, donde advirtieron que uno de los desafíos para los próximos diez años es el control privado como “amenaza para la libertad de expresión” en Internet. Así como también representan desafíos la necesidad de “consolidar y mantener una Internet libre, abierta e inclusiva” y la “creación de un ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión”.

En este sentido, el Relator de la CIDH advirtió sobre la responsabilidad de los gobiernos. Planteó la necesidad de intervención estatal en temas como acceso, neutralidad de red y criterios de transparencia. En este último caso, no solo para garantizar transparencia por parte de las plataformas, sino también para los propios Estados.

A su vez destacó que hay que evitar iniciativas legales que criminalicen a las plataformas y les asignen la obligación de censurar contenidos. “Los Estados no deben olvidar que protección de la libertad de expresión exige decisiones de órganos judiciales o equivalentes (tribunales especializados)”, señaló Lanza.

Por su parte, Joao Brant, investigador asociado de OBSERVACOM, presentó el documento “Aportes para una regulación democrática de grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en Internet”, elaborado junto con Intervozes de Brasil, Desarrollo Digital, IDEC y expertos nacionales e internacionales.

Brant enfatizó en la necesidad de garantizar el poder de usuarios ante el poder creciente de plataformas por un lado, y las medidas autoritarias de los gobiernos, por el otro.

Explicó que la propuesta de regulación busca alcanzar a los proveedores de servicios en línea cuando actúan como intermediarios o plataformas de almacenamiento, búsqueda o intercambio de informaciones, opiniones, expresiones y otros contenidos generados por sus usuarios, y que realizan algún tipo de curaduría o moderación de esos contenidos.

En este sentido, el documento de las organizaciones propone un modelo de co-regulación, definido legalmente, que establezca criterios de regulación asimétrica basados en el poder de mercado significativo de estas plataformas.

Otro de los aspectos de la propuesta tiene que ver con los términos y condiciones de servicio, los cuales deberían ser transparentes, claros, accesibles y en línea con los estándares y principios internacionales de derechos humanos. Además, no deberían conceder poder ilimitado y discrecional a las plataformas para determinar la idoneidad del contenido generado por el usuario.

Los filtros automáticos para contenidos solo podrían utilizarse para aquellos manifiestamente ilegales que, al mismo tiempo, sean reconocidos como limitaciones legítimas a la libertad de expresión en las declaraciones o tratados internacionales de derechos humanos.

Por su parte, aquellos contenidos que -aún cuando no sean reconocidos como ilegales-, causen daños serios, inminentes e irreparables o de difícil reparación a otras personas, pueden ser restringidos como medida cautelar no definitiva. Incluso cuando se trata de contenidos como cyberbulling o uso explícito y abusivo de drogas pueden ser restringidos para públicos específicos como niñas, niños y adolescentes.

“Para cualquier otra medida de priorización o restricción de expresiones y otros contenidos considerados ofensivos, inapropiados e indecentes, las plataformas deben ofrecer mecanismos y avisos para los usuarios voluntariamente y con base a sus preferencias morales, religiosas, culturales y políticas”, explicó Brant.

En materia de transparencia, la iniciativa de las organizaciones postula que cuando el contenido es restringido, el intermediario debería exhibir un aviso claro explicando qué contenido se eliminó y por qué. En el caso de contenido comercial, patrocinado o político, debería ser claramente identificado, y las plataformas deberían informar a sus usuarios, de forma clara, explícita y accesible sobre el tipo de contenido prohibido, criterios de curaduría y moderación.

Sobre la aplicación de políticas, la propuesta busca responder a los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas para alcanzar la finalidad pretendida. Los criterios para la toma de decisiones deberían tener en cuenta el contexto y las peculiaridades lingüísticas y culturales de los contenidos y garantizar el respeto al debido proceso y adoptar medidas menos onerosas que la remoción, optando por mecanismos de aviso o notificación.

Las medidas unilaterales más drásticas -sin aviso o debido proceso previo- podrían producirse, propone el documento, a partir de intervenciones de gestión técnica no arbitrarias o discriminatorias; en casos de duplicaciones o reiteraciones de otros contenidos y expresiones de ilegalidad obvia; en cumplimiento de órdenes de autoridades competentes de retirada inmediata; y por daños serios, inminentes e irreparables para los derechos de otras personas.

Por último, la propuesta plantea que la aplicación de la regulación debería producirse a través de un órgano regulador especializado que opere con garantías de independencia, autonomía e imparcialidad. Por su parte, las disputas particulares deberían resolverse por medio de órganos judiciales u órganos públicos independientes especializados, por medio de un procedimiento abreviado de trámite digital y de notificación electrónica, con garantías de revisión por una autoridad imparcial.

El documento propuesto por las distintas organizaciones de la sociedad civil se puede consultar en español, inglés y portugués y está abierto a consulta pública hasta el 15 de octubre y se puede dejar los comentarios aquí.

El documento también está abierto a firmas de organizaciones que actúen sobre el tema en América Latina. Para firmar, enviar un correo a: contacto@observacom.org

 

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Imagen destacada: Intervozes

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