OBSERVACOM presentó su posición respecto a las formas de enfrentar la desinformación en Internet y cuáles son las alternativas regulatorias posibles. Además de plantear algunas limitaciones y riesgos de la regulación estatal sobre el tema, se plantearon recomendaciones sobre cómo abordar la regulación privada que las grandes plataformas de Internet ya realizan.
El problema principal no son las fake news sino la desinformación, esto es, las estrategias deliberadas para difundir noticias a sabiendas con que son falsas y con el objetivo de ocasionar un daño, aseguró Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM en el X Seminario de Integración Institucional de la Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação (SOCICOM) que se realizó el lunes 30 de noviembre.
Gómez participó de la Mesa “El combate de la desinformación y la regulación de las plataformas digitales”, junto a la Diputada Federal del Partido Socialista Brasileño (PSB) y Relatora de la Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de las Fake News, Lídice da Mata; y el investigador y periodista Jonas Valente del Laboratório de Políticas de Comunicação (LaPCom) de la Universidad de Brasilia. La moderación del diálogo estuvo a cargo de la Presidenta de SOCICOM, Ana Regina Rêgo.
Al respecto de la regulación de las grandes plataformas, “creemos que América Latina tiene que tener una voz propia en el debate global. Tenemos la posibilidad de plantear soluciones que sean equilibradas y razonables y nos quiten la posición de los polos de regulación autoritaria y la autorregulación corporativa”, explicó Gómez.
El Director Ejecutivo de OBSERVACOM señaló que no hay “bala de plata” única para resolver el problema de la desinformación sino que hay que pensar en un conjunto de estrategias, que incluyen y exceden a la regulación estatal. “La solución legislativa no puede ser la única solución ni es suficiente… las fake news se han instalado y se están consolidando y no se va a poder quitar nunca, por eso lo más inteligente es hacer estrategias de reducción de daño”, afirmó.
Explicó que hay al menos cuatro tensiones y desafíos en torno al tema. En primer lugar, definir qué se entiende por fake news. En este sentido detalló que OBSERVACOM considera que el término más apropiado es el de desinformación, entendido, en línea con organismos internacionales, como “estrategias deliberadas de desinformar sabiendo y conociendo que es una mentira y con el objetivo de generar un daño”, dijo Gómez. Agregó que “eso implica que hay grupos detrás con poder económico que promocionan contenidos falsos en Internet… y eso deja un rastro económico”.
El Director de OBSERVACOM planteó que el segundo desafío pasa por “quién decide qué es verdadero y qué es falso… Hoy no solo lo deciden los Estados sino empresas privadas” y es un problema enorme para el derecho a la libertad de expresión. El tercer desafío explicó es entender que “una tecnología nueva (Internet) no debería cambiar lo esencial… los principios en materia de derechos humanos que valen para el mundo analógico deben valer también para Internet” por lo que hay que pensar si es necesario que haya nueva legislación en función de cada tecnología que surge. “Seguramente hay graves problemas de aplicación en el nuevo entorno digital, pero en materia legislativa el principio debería ser “no innovar” cuando ya hay legislaciones que protegen derechos”, aseguró.
El cuarto desafío al que apuntó Gómez es que casi todas las regulaciones de la región apuntan a regular a los usuarios de las plataformas, incluso transformando a los intermediarios en “policías privadas” que controlan la legalidad de sus publicaciones. En cambio la propuesta de OBSERVACOM tiene que ver con limitar el poder de los dueños de esas plataformas sobre los contenidos de sus usuarios. Si no aceptamos que se las obligue a ser policías privadas, “tampoco podemos aceptar que las plataformas sean policías privadas por decisión propia.”, aseguró.
Gómez consideró que el paradigma de la autorregulación como único modelo válido “ya está agotado”. “Debe haber un mínimo de regulación pública para proteger derechos de usuarios sobre esas plataformas, y parece haber un fuerte consenso en que eso incluye obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Pero para OBSERVACOM esto sería un gran avance pero no suficiente para impedir que las grandes plataformas afecten derechos fundamentales.
Un enfoque integral de este problema también establecer garantías de debido proceso previo a que la plataforma tome una decisión unilateral (como la remoción de una publicación legítima), así como permitir el derecho a la defensa posterior y colocar exigencias para que las normas comunitarias y los términos de servicios sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos.
Por su parte, la diputada Lídice da Mata explicó el surgimiento de CPMI y los debates que se dieron en el Congreso sobre el proyecto de fake news. Dijo que poco a poco, en Brasil fue habiendo mayor entendimiento sobre la existencia de otros problemas vinculados a la regulación de plataformas.
“Existen nuevos y otros problemas relacionados con las plataformas que limitan la libertad de expresión, lo que se produce en un entorno de mega concentración… el monopolio de comunicaciones de las redes de comunicación”, dijo Mata.
En este sentido detalló que surgieron inquietudes en torno al uso de información de medios de comunicación sin pagar por ellas y eso generó una demanda también por parte de empresas de comunicación publicitaria pidiendo que las plataformas sigan las reglas de publicidad que impone el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR).
A eso se sumó “la discusión profundizada de cómo combatir calumnias en redes… Cuando suceden calumnias por medios tradicionales éstos pueden ser obligados a ofrecer derecho a réplica. En las redes eso no sucede. No se auto-asumen como medios de comunicación, sino como espacios de negocio publicitario”, aseguró la diputada.
Mata explicó que en los debates sobre el proyecto de Fake News en la Cámara se está pensando en regulaciones que aborden las redes sociales pero no solo en períodos electorales sino de modo más amplio.
Por último, el investigador Jonas Valente apuntó al problema de la desinformación como negocio. Afirmó que “la lógica de funcionamiento de monopolios digitales es estimular involucramiento de la población para generar rastros digitales para segmentar publicidad, para mandar servicios personalizados, para prever nuestros comportamientos y modularlos”.
Valente planteó un abordaje en tres partes para la regulación de plataformas, que considere reglas de transparencia, protección de datos y legislación de competencia. “Los monopolios digitales hacen que quedemos sujetos a los términos de servicio privados”, enfatizó.
Sostuvo que el proyecto de Ley de transparencia y responsabilidad en Internet (que se conoce como PL de Fake News) es más amplio que el problema de la desinformación. Explicó que previo a este proyecto, la mayoría de las propuestas criminalizaban al usuario o responsabilizaban a las plataformas y las hacían monitorear contenidos.
Destacó que entre los aspectos positivos del proyecto que tramita en la Cámara figura el establecimiento de reglas de transparencia para las plataformas, por las que tendrán que elaborar informes en los que expliquen los mecanismos de moderación que usan y qué hacen con la publicidad. También señaló que es importante que se cree un Consejo y un Código de conducta para actualizar la regulación y evitar su obsolescencia.
Al mismo tiempo indicó que el proyecto tiene puntos negativos que necesitan ser adecuados. Por ejemplo, llamó a tener cuidado con la idea de que mayor vigilancia resuelve el problema y advirtió sobre la consecuencias de establecer nuevos tipos penales.
El video completo de la mesa se puede ver acá.
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