En la presentación del plan Argentina Programa, que busca capacitar en programación a jóvenes y brindar apoyo económico para la compra de computadoras, el presidente Alberto Fernández afirmó que “vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”.
Como publicamos en OBSERVACOM, el año pasado el presidente sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. Esto significaba, entre otras cosas, la intervención del Estado en la regulación de precios de los servicios.
La medida fue duramente cuestionada por los grandes operadores que llevaron el tema a la justicia. El primero en hacerlo fue Telecom (Grupo Clarín), que en abril de este año logró que la Cámara Contencioso Administrativo Federal hiciera lugar a la medida cautelar solicitada (regiría por seis meses, hasta octubre). Luego, se otorgó la cautelar a Telecentro y DirecTV que hicieron la solicitud en forma conjunta.
El Poder Ejecutivo y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apelaron la decisión solicitando que fuera la Corte Suprema la que resolviera.
«Lo que estamos esperando es que la Corte intervenga. El presidente ratificó (en la presentación del programa) lo que ya está en una ley (Argentina Digital), ratificado por el Senado, y que no fue declarado inconstitucional”, dijo Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, a iProfesional.
Además indicó que el planteo de considerar Internet como servicio público no es exclusivo de Argentina sino que está en sintonía condecisiones que han tomado en otros países de la región como Colombia donde, recientemente, el presidente Iván Duque promulgó la ley que declara Internet como servicio público esencial y universal.
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