El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, recibió a entidades de protección y representantes de la radiodifusión comunitaria e indígena. El planteo central fue que el Estado continúa incumpliendo una sentencia de la Corte IDH que, entre otras medidas, exige modificar la normativa para que las comunidades y pueblos indígenas puedan acceder a licencias, otorgarle una reserva de espectro y garantizar que sus comunicadores no sean criminalizados
Durante tres días, en calidad de visita oficial junto con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, estuvo en Guatemala manteniendo reuniones con el nuevo gobierno y organizaciones de la sociedad civil, preocupado por la situación de periodistas y de la libertad de expresión en ese país centroamericano.
En una de estas reuniones participaron representantes de emisoras indígenas y de entidades de protección de la radiodifusión comunitaria e indígena. Allí se le comunicó al Relator cuáles eran los obstáculos que afrontan las radio comunitarias e indígenas en el país. En este marco, se le recordó que el Estado guatemalteco está incumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de hace más de dos años. Dicho fallo le exige a Guatemala que reconozca a los medios comunitarios e indígenas y que desarrolle medidas para que las comunidades indígenas puedan acceder y operar libremente sus propias radios.
En esta reunión participaron la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC ALC), Cultural Survival, la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Instituto DEMOS) y un representante de la Radio Ixchel (102.1 FM) -una de las radios demandantes-.
La sentencia -caso “Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala”- determinó que el Estado debía realizar cambios en la legislación para su reconocimiento formal, en los procedimientos de otorgamiento de concesiones de radio y la creación de iniciativas de apoyo económico para su desarrollo. Asimismo, exige detener la criminalización de las radios comunitarias indígenas y sus comunicadores.
Pedro Vaca se mostró atento a este tema y calificó a la sentencia de la Corte IDH como “una de las luchas más importantes por los derechos a la participación de los pueblos originarios”, a la vez que “una hoja de ruta para el presente y futuro de los medios comunitarios en Guatemala y el continente”. Estas declaraciones fueron realizadas durante el foro “Desafíos para los Pueblos Indígenas para Acceder a la Libertad de Expresión”, organizada por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER).
Vaca resaltó que en Guatemala no solo hubo procesos de criminalización severa contra medios comunitarios, sino que también se produjeron procesos de estigmatización continuos, donde se señaló a los pueblos indígenas y a sus organizaciones radiofónicas como ilegales.
Las organizaciones que se reunieron con Pedro Vaca manifestaron que impulsarán la implementación de una mesa de trabajo sobre la situación de las radios comunitarias a nivel regional, algo que propuso el Relator durante una audiencia pública realizada ante la CIDH en noviembre del 2023, en la que OBSERVACOM junto a diversas redes de comunicación de la región realizaron 10 peticiones que entienden necesarias para la protección y el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas en la región.
Una de estas peticiones fue una exhortación a la CIDH, para que por medio de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión tome una posición sobre el incumplimiento del Estado de Guatemala de la sentencia de la Corte IDH. El cambio de gobierno, ahora presidido por Bernardo Arévalo, y el nombramiento de Oswaldo Samayoa al frente de la COPADEH (Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos) es vista como una oportunidad para establecer un diálogo y un impulso a la implementación de este fallo.
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