El Estado guatemalteco no ha modificado su normativa para que las comunidades y pueblos indígenas puedan acceder a licencias, ni garantiza que sus comunicadores sean perseguidos y criminalizados
En octubre se cumplieron dos años de una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exige al Estado de Guatemala reconocer a los medios comunitarios e indígenas e implementar políticas públicas para permitir que las comunidades indígenas accedan y operen libremente sus propias radios comunitarias.
La sentencia responde a la petición de cuatro pueblos indígenas maya (Kaqchikel Maya, Achí Maya de San Miguel Chicaj, Mam Maya de Cajolá y Maya de Todos Santos de Cuchumatán), que acudieron a la Corte en busca de poder acceder a frecuencias radiales para dar un servicio a su propia comunidad y en su propia lengua.
No obstante, hasta el momento el Estado aún no ha implementado ninguna de las medidas incluidas en el fallo de la Corte IDH. Entre ellas: cambios en la legislación para su reconocimiento formal, cambios en los procedimientos de otorgamiento de concesiones de radio o la creación de iniciativas de apoyo económico para su desarrollo. En enero del próximo año asumirá un nuevo gobierno presidido por Bernardo Arévalo, lo que genera expectativa de qué postura se tomará con respecto a esta temática.
La Corte en su sentencia recuerda que los Estados están obligados a implementar medidas que permitan que distintos sectores sociales “que reflejen el pluralismo existente en la sociedad” puedan acceder al espectro radioeléctrico.
En particular, manifiesta que el Estado de Guatemala está “obligado a garantizar” el derecho de las comunidades a acceder a las frecuencias, y el derecho de las radios comunitarias e indígenas de ser reconocidas legalmente, aplicando medidas positivas de apoyo a su desarrollo, sin interferencias ni acciones que puedan configurar una censura indirecta.
Según la sentencia, se deben “desarrollar políticas públicas para superar desigualdades estructurales que permitan el acceso de las comunidades indígenas a las radios comunitarias”.
El abogado argentino Damián Loreti, experto internacional en libertad de expresión y consejero legal de OBSERVACOM, manifestó que los mecanismos de subastas para acceder a frecuencias en Guatemala (donde logra el acceso a un medio quien tiene más dinero) no tienen ningún tipo de consideración sobre los medios sin fines de lucro, algo que el Estado debería de cambiar -modificando el régimen legal- para dar un efectivo cumplimiento a la sentencia de la Corte.
La Corte IDH también sostiene que el Estado guatemalteco restringe el derecho de libertad de expresión al decomisar y allanar radios comunitarias y perseguir criminalmente a operadores de este tipo de emisoras.
Al respecto, Loreti sostiene que no hay en la región casos tan paradigmáticos como el de Guatemala ya que, además de lo expuesto anteriormente, allí se utiliza el Código Penal para perseguir medios sin autorización -pese a que no existe una tipificación explícita de este delito- aludiendo a delito de hurto.
En noviembre de este año, OBSERVACOM junto a AMARC ALC y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas participaron en una audiencia ante dicha Comisión, donde entre varios pedidos para la protección y desarrollo de los medios comunitarios e indígenas, le exhortaron a la CIDH en un petitorio -al que suscribieron AMARC ALC, SIGNIS ALC, WACC ALC y OBSERVACOM- que por medio de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión tome una posición sobre el incumplimiento del Estado de Guatemala de la sentencia de la Corte IDH.
Es importante resaltar que en un capítulo específico sobre Guatemala, incluido en su Informe Anual de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se refirió a la problemática, destacando la necesidad de que el Estado de Guatemala adecue su marco legal para reconocer a los medios comunitarios y que tome medidas para que no sufran ningún tipo de persecución.
Para ampliar la información sobre la situación de la radiodifusión comunitaria en Guatemala, recomendamos el informe “Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Guatemala”, donde la investigadora Anabella Rivera Godoy analizó en profundidad la sostenibilidad de los medios comunitarios en Guatemala, relevando la situación y organización del sector, su marco normativo y financiamiento.
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