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Estudio de la Universidad de Bruselas analiza la forma que los países europeos regulan los servicios VoD extranjeros y formula varias recomendaciones para mejorarla

La Universidad Vrije de Bruselas elaboró el informe “The state of play of ‘Netflix taxes’ in European Member States” [El estado de juego del impuesto Netflix en los Estados Europeos Miembro], que analiza las distintas aproximaciones de países de la Unión Europea sobre las obligaciones que imponen a proveedores de servicios audiovisuales bajo demanda (VoD) tras la aprobación de la reforma de la Directiva de Servicios Audiovisuales en junio de 2018.

El estudio recuerda que la Directiva de Servicios Audiovisuales de Europa exige a los proveedores de servicios VoD que garanticen al menos un 30% de obras europeas en sus catálogos y que se establezcan obligaciones de inversión, que pueden ser o bien obligaciones de inversión directa para la producción y/o adquisición de derechos; o contribuciones al fondo audiovisual a través de pago de impuestos.

En base a estas tres formas de promover inversiones, el informe advierte que nueve Estados cuentan con obligaciones de inversión para servicios VoD (Francia, Alemania, Croacia, Eslovenia, República Checa, Bélgica, Portugal, Italia y España).

De esos, hasta fines de 2018 sólo tres incluían obligaciones para proveedores de servicios VoD extranjeros (Francia, Alemania, Italia) y, a partir de 2019, se sumaron otros dos (Dinamarca y la comunidad Flaminia de Bélgica), totalizando cinco.

En el caso de Alemania, el estudio sostiene que se prevé la incorporación en la legislación del pago de impuestos por parte de proveedores de servicios VoD para el fondo de cinematográfico tanto para servicios domésticos como extranjeros.

Otro de los hallazgos del trabajo es que cuatro países establecieron reglas de inversión directa en producciones europeas (Eslovenia, España, Italia y Portugal). En los casos de España e Italia determinan cuánta inversión debería ser específicamente atribuida a obras locales u obras de expresiones culturales nacionales. En tanto Eslovenia permite que los proveedores elijan entre incorporación de cuotas de trabajos europeos en sus catálogos o hacer inversión financiera directa.

Dos países (Bélgica y Croacia) permiten a los proveedores optar entre el pago de impuestos o inversión directa y dos países (Francia y República Checa) requieren conjuntamente la contribución al fondo audiovisual y la inversión directa de un porcentaje de sus ganancias en obras europeas.

El informe revela, además, que existen diferencias entre los países respecto de los modos de calcular la recaudación de impuestos: en función de ingresos, a partir del precio pagado por usuario final y o por la cantidad de suscriptores.

Los autores recomiendan que los Estados Miembro de la Unión Europea requieran a los proveedores de servicios audiovisuales el pago de impuestos en base a su volumen de negocio para garantizar que estos actores contribuyan con la producción de obras europeas, así como imponer de forma explícita obligaciones de inversión en obras audiovisuales europeas.

Además, el documento recomienda que los países europeos demanden a las compañías mayor transparencia, es decir, que divulguen toda la información necesaria que se les requiera para que los Estados puedan determinar correctamente la base de cálculo de los impuestos.

 

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