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Gobierno de España presenta anteproyecto de nueva Ley Audiovisual que incluye plataforma de intercambio de videos en Internet

El gobierno de España abrió una consulta pública hasta el 3 de diciembre audiencia sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que traslada eal país la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales aprobada en 2018.

El objeto del anteproyecto es la regulación de la comunicación audiovisual y la prestación de servicios de intercambio de video a través de plataformas de Internet que estén establecidas en España

Entre los aspectos que definen el establecimiento del proveedor en el país se considera dónde tiene su sede central y dónde se realizan las decisiones editoriales, así como dónde está contratada la mayor parte del personal dedicado a la programación, entre otros aspectos.

La iniciativa define los principios generales de la comunicación audiovisual, donde predomina una visión de promoción de los criterios de auto y co-regulación mediante la adopción de códigos de conducta elaborados por los prestadores para la protección de los usuarios en general y, en particular sobre los contenidos de desinformación, violencia extrema y pornografía. Estos códigos de conducta también apuntan a la protección de los menores en los servicios audiovisuales prestados por distintos soportes.

El anteproyecto contempla entre sus principios generales la dignidad humana, el pluralismo (en cuanto a la propiedad de los medios y diversidad de fuentes y contenidos), la igualdad de género e imagen de las mujeres, garantizar la presencia de personas con discapacidad; promover la lengua oficial así como lenguas de las comunidades autónomas y veracidad de la información.

También se enfatiza en la cooperación entre distintos actores para promover la alfabetización digital, para lo cual la autoridad competente elaborará un informe cada tres años sobre las medidas impulsadas y su eficacia.

El anteproyecto define distintos tipos de título habilitante de acuerdo al servicio audiovisual que se trate: los servicios audiovisuales que no usan frecuencias sólo precisarán enviar una comunicación previa al regulador, en tanto los que usan espectro requieren de una licencia en el ámbito autonómico y local a las que se accede por concurso por un período de 15 años, con posibilidad de renovaciones sucesivas. Por su parte, los prestadores de servicios de intercambio de video a través de Internet deben inscribirse en un registro, indicando titulares de participaciones significativas, mujeres integrantes en el órgano de administración y punto de contacto con el prestador.

Para promover el pluralismo en los sistema de TV que utilicen espectro se establece que las personas físicas y jurídicas pueden tener participación en distintos prestadores de servicios audiovisuales televisivos siempre que no superen el 27% de las audiencias totales.

Respecto a la prestación de servicios de video a través de plataformas, además del registro estatal se establecen obligaciones de protección a niños, niñas y adolescentes frente a determinados contenidos audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral de los menores. Para eso se promueven facilitar sistemas de control parental, así como también cláusulas en las condiciones de servicio para que haya instrumentos de verificación de la edad para impedir el acceso a determinados contenidos por parte de menores.

También se indica que se deben establecer procedimientos transparentes y eficaces para la resolución de reclamos de usuarios por la prestación de servicios de las plataformas. Esto también alcanza a las comunicaciones comerciales para las cuales, entre otras cosas, se indica que los prestadores del servicio de intercambio de video deben informar a los usuarios cuando los contenidos contengan comunicaciones comerciales.

Respecto de la recolección de datos personales se establece que los datos de menores recogidos a través de las prestadoras de servicio de intercambio de video no pueden ser usados con fines comerciales, como mercadotecnia directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento.

Como ya hemos publicado con anterioridad, una de las propuestas de la iniciativa es que los proveedores de servicios audiovisuales por Internet aporten el 5% de sus ingresos para la promoción de obras europeas a través de contribuciones al fondo cinematográfico o por la adquisición de derechos de obras. Complementariamente, también se establece la obligación de incorporar cuota de catálogo de 30% de obras europeas y garantizar su prominencia.

La normativa establece que la autoridad competente será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para la supervisión y control de la aplicación de la ley. De este modo, extiende las competencias del regulador a las plataformas de intercambio de video.

Se puede acceder al anteproyecto completo y material de la consulta pública acá.

 

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