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Justicia de Brasil considera constitucional prohibir publicidad dirigida a niñez sobre alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, grasas y sodio

En forma unánime, el Plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) definió improcedente la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) contra la Ley estadual de Bahía (Ley 13.582/2016) que prohíbe publicidad dirigida a niños y niñas sobre alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y sodio.

En la acción ABERT sostenía que el estado de Bahía invadía la competencia de la Unión para legislar sobre propaganda comercial, así como también aducía violación a la “libertad de expresión comercial” y del derecho a la información, a la libre competencia y a la libre iniciativa, de acuerdo con el comunicado de prensa del STF.

La Ley estadual prohíbe publicidad en medios impresos y no impresos dirigidos a público infantil de este tipo de alimentos y bebidas dentro de los establecimientos de educación básica.

Por un lado, el relator recordó que con el voto de Brasil, la Organización Mundial de Salud (OMS) adoptó en 2010 una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados para que regulen la publicidad de bebidas no alcohólicas y de alimentos ricos en grasas y azúcares.

Además explicó que la restricción impuesta por la ley bahiana promueve la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes, en línea con la Constitución que lo ha definido como “de absoluta prioridad”.

Desde la perspectiva de Frachin es posible aplicar restricciones a la libertad de expresión comercial, especialmente en el ambiente escolar, porque el derecho de los fabricantes de difundir informaciones sobre sus productos, jamás puede ser absoluto. De ahí que considera que pueden establecerse restricciones a la publicidad siempre que sean proporcionales, tal como se considera en este caso.

Por otro lado, el STF consideró que los Estados y los municipios tienen competencia para legislar sobre la defensa de la salud y protección de la infancia. El ministro relator Edson Frachin, señaló que “el Estado (de Bahía) es garante de los derechos fundamentales y no solo la Unión, también los estados y municipios”. Además sostuvo que “las restricciones aplicables a los establecimientos de educación, particularmente aquellos que pertenecen al propio Estado de Bahía, solo pueden ser disciplinadas por ley del respectivo ente federado”.

 

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