La cámara alta aprobó el proyecto tras incorporar ajustes discutidos en conversatorios con participación de 89 delegaciones. Entre los cambios clave a la iniciativa original, se confirmó la creación de la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones —un ente colegiado con independencia técnica y operativa— y se eliminaron disposiciones cuestionadas, como la autorización previa para contenidos extranjeros y el bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial. Aún así, persisten importantes cuestionamientos.
Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado mexicano aprobó el proyecto de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La propuesta incorporó varios cambios aceptados por el oficialismo, luego de los conversatorios públicos celebrados en mayo, donde participaron representantes de la academia, organizaciones sociales y el sector privado. El dictamen pasó ahora a la Cámara de Diputados, que lo tratará esta semana.
Uno de los ajustes más relevantes es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, encargado del otorgamiento de concesiones, la gestión del espectro radioeléctrico y la supervisión de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
También se suprimieron disposiciones ampliamente cuestionadas como el artículo 109, que facultaba el bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial, y los artículos que exigían autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos extranjeros.
La norma, compuesta por 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, incorpora varias de las propuestas surgidas en los foros legislativos y recogidas por sectores académicos y de la sociedad civil. La experta Adriana Labardini, señaló que el dictamen representa un avance respecto a la versión inicial de abril, gracias al proceso de diálogo y a la labor de revisión parlamentaria.
No obstante, Labardini sostuvo que preocupa que los comisionados del nuevo regulador puedan ser removidos por mayoría simple a petición del Ejecutivo, así como la permanencia de medios públicos bajo control gubernamental.
Desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) se valoró positivamente la recuperación de los derechos de las audiencias y se saludó la obligación de que los medios de comunicación deban tener defensorías y códigos de ética. La organización advirtió que esos derechos solamente serán efectivos si se establecen lineamientos y mecanismos concretos de exigibilidad.
Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México) expresó su preocupación por el nuevo esquema de asignación de publicidad oficial, por significar un retroceso respecto al proyecto original. Advirtieron que, aunque se establece un rango más amplio de la publicidad que los organismos públicos estarían obligados a destinar al sector (1% al 10% del total) se corre el riesgo de que se les otorgue apenas el mínimo, en tanto cada cual lo determinará de manera discrecional. Por otra parte, al no reservarse un porcentaje exclusivo para medios comunitarios, indígenas y afromexicanos (la ley habla de “priorizarlos” pero dentro de un conjunto de medios sociales más amplio) el resultado podría ser aún peor.
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