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Nuevas demoras en la votación de modificaciones a la Ley de TV paga en el Senado de Brasil

Por tercera vez se demora la votación en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Innovación del Senado (CCT) de las modificaciones a la Ley de Servicios de Acceso Condicionado (SeAC) -o Ley de TV paga- en Brasil. El nuevo plazo es mañana, 25 de septiembre.

Para poder avanzar, los senadores se propusieron desarrollar una nueva estrategia para desligar el tratamiento de dos proyectos que buscaban converger. Por un lado, el debate sobre el PLS 57/2018 sobre tributación de los proveedores de servicios pagos de video bajo demanda a través de Internet en base a los ingresos de estas compañías. Por el otro, el PLS 3.832, que se centra en el fin de las restricciones a la propiedad cruzada entre distribuidores y programadores, y deja por fuera de la clasificación de SeAC a los servicios de video a través de Internet.

El objetivo es lograr la votación del proyecto que da fin de las restricciones de propiedad cruzada en la TV paga -que cuenta con amplios consensos entre telefónicas, reguladores del audiovisual y telecomunicaciones y cámaras empresarias de TV abierta-, y que permitirá destrabar el proceso de fusión entre AT&T y Time Warner en Brasil.

En cambio, se plantea dejar las demandas sectoriales sobre el tratamiento y encuadre de VoD en forma separada ya que obstaculiza los avances para la reforma de la Ley. A su vez, involucra una serie de debates en varios frentes, que incluyen no solo discusiones parlamentarias sino también iniciativas del regulador audiovisual. Sobre esto último, OBSERVACOM publicó recientemente un análisis de la propuesta regulatoria para VoD de la Agencia Nacional de Cine (ANCINE).

Volviendo sobre las modificaciones a la Ley SeAC, las principales demandas de los distintos actores sobre el proyecto, de acuerdo con Teletime, pueden sintetizarse en:

  • Fin de las restricciones de propiedad cruzada (como ya dijimos, con amplios consensos).
  • Exclusión de los servicios de video a través de Internet del alcance de la Ley SeAC, para que, en cambio, sean considerados como servicios de valor agregado (SVA). Este punto tiene estrecha relación con la demanda de Claro contra Fox por la oferta de servicios de programación directa a los usuarios, que motivó una medida cautelar por parte de ANATEL, avalada recientemente por el Ministerio Público Federal (MPF). Sobre la exigencia de considerar este tipo de servicios como SVA y no como SeAC coinciden las empresas de Internet nucleadas en la Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) y en la Associação Brasileira de Internet (ABRANET). También avalan este posicionamiento las empresas de radiodifusión abierta y las programadoras de TV paga. En cambio, Claro -principal distribuidor de TV paga-, junto con la Asociación Neo TV (operadores independientes de TV paga) se oponen a la inicatiba ya que demandan un tratamiento similar entre empresas de TV paga y servicios OTT lineales.
  • Control por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) de competencia en las relaciones entre programadores y operadores. Es una demanda de Record, SBT, Rede TV (socias en la programadora Simba) y Band. Por el contrario, Globo -que actúa en el mercado de TV paga a través de la programadora Globosat- y las programadoras internacionales, se oponen.
  • Mantener tal como figura en el artículo 6 de la Ley SeAC las restricciones para la adquisición de derechos (como eventos deportivos) y talentos por parte de empresas de telecomunicaciones. Esta es la principal demanda de Globo.
  • Protección de los productores y programadores nacionales a través de cuotas de programación y mecanismos de fomento. En esta demanda coinciden Claro, los productores independientes y la oposición al gobierno. Su principal temor es que si los servicios VoD quedan por fuera del alca de la Ley SeAC permita que grandes canales y programadoras internacionales, así como distribuidores exclusivamente OTT no cumplan con esos mecanismos de promoción y se generen asimetrías competitivas.
  • Garantía de distribución de generadoras de las televisoras digitalizadas (“must carry” de TV locales). Es el interés de pequeñas emisoras, principalmente ligadas a grupos religiosos e intereses locales.
  • Imposición de límites a la competencia en caso de integración vertical (como en el caso de la fusión de AT&T- Time Warner) para evitar que se generen barreras de entrada para otros programadores y medios de distribución. Esto es algo que el Consejo de Defensa Económica ya contempló cuando avaló el proceso de fusión.

Habrá que esperar a mañana, miércoles 25, para ver si funciona la estrategia de deslindar las reformas sobre propiedad cruzada respecto del tratamiento de servicios OTT-VoD.

 

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Imagen destacada: Flickr Senado Federal con licencia CC BY

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