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Organizaciones internacionales critican proyecto de ley de Chile sobre plataformas digitales por su incompatibilidad con estándares

Organizaciones internacionales comparten la necesidad de regular a las grandes plataformas de Internet y proteger a los usuarios, pero critican el proyecto de ley de Chile por su incompatibilidad con estándares internacionales. Así lo plantearon en el conversatorio “¿Regular o no regular? Esa no es la cuestión”, organizado por OBSERVACOM junto a Datos Protegidos y la Friedrich Ebert Stiftung de Chile, realizado el 22 de octubre.

Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas en la sede de la UNESCO en París, hizo una serie de consideraciones generales sobre el abordaje de regulaciones nacionales para que sean respetuosas de los derechos humanos y puntualizó que no se referiría en particular a la iniciativa que se presentó en el Congreso chileno.

“Los derechos que valen fuera de línea, valen en línea. Cualquier propuesta legislativa tiene que dar cuenta que no son nuevos derechos. Hay que verificar si es necesario incluir elementos que ya están protegidos por otros instrumentos”, dijo y sostuvo que la libertad de expresión está protegida por estándares internacionales, y por las constituciones de los países. “Muchas legislaciones existentes ya incluyen previsiones para el ecosistema digital, entonces es importante conocer el enfoque que ya existe”, agregó.

Canela aseguró que las regulaciones sobre el ecosistema digital deben tener en cuenta el principio de la integridad de la arquitectura de red; considerar la diversidad de actores del mundo digital; tener conciencia de los principios DAAM (Derechos, Apertura, Acceso, Participación) propuestos por UNESCO; atender al principio de neutralidad de red, no responsabilidad de intermediarios; proteger a los usuarios frente al filtrado y bloqueo por parte de las plataformas y exigir a estas transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el senador chileno Guido Girardi, quien presentó en el Congreso de dicho país el proyecto de ley para regular a las plataformas digitales, planteó que las plataformas de Internet tienen un control monopólico y, contrariamente al planteo de Canela, Girardi enfatizó en que, desde su perspectiva, “no son extrapolables a los derechos humanos existentes porque estamos frente a una nueva realidad…Los algoritmos se desarrollan a partir del cerebro… la inteligencia artificial está dedicada al conocimiento, perfilamiento de seres humanos, a su vigilancia, a  la modificación de comportamiento”.

El académico de la Universidad Católica, Carlos Amunátegui, quien además es relator del proyecto de ley, advirtió que «la autorregulación en esta materia (de las plataformas de Internet) no parece estar dando frutos necesarios. Lejos de estar alejándonos de los primeros problemas del pasado –censura, monopolio- parece que se van agudizando”.

“Todos los mercados requieren una regulación. No hay mercado sin Estado… ¿Todas las plataformas van a tomar la misma regulación? Sí, porque todas las plataformas, grandes y pequeñas, tienen que respetar los derechos humanos”, sostuvo.

Frente a críticas que recibió la iniciativa, de promover la censura al obligar a las plataformas a moderar contenidos, Amunátegui dijo que “no hay censura, no hay obligación de moderación de contenidos. Sólo ponemos aviso adjunto sobre información falsa… No queremos que los contenidos de los usuarios sean retirados. De hecho, para retirar o bloquear debe tener el proveedor ‘conocimiento efectivo’ de que sea ilegal. Un conocimiento efectivo es real”.

Por último, indicó que se incluye “el derecho al olvido, que hemos circunscrito a la intimidad, a la vida familiar”.

Las organizaciones internacionales de la sociedad civil especializadas en derechos digitales alertaron sobre una serie de problemas que presenta el proyecto de ley chileno. Veridiana Alimonti, de la organización Electronic Frontiers Foundation (EFF), sostuvo que la iniciativa “presenta factores de censura”. Entre ellos indicó que la previsión de responsabilidad de las plataformas de no actuar con diligencia cuando tengan conocimiento resulta en “conceptos vagos”, como la definición de “actuar con diligencia”, lo cual es un incentivo a la censura ya que las plataformas se verían obligadas a monitorear contenido bajo el riesgo de tener sus servicios suspendidos o bloqueados, explicó.

Además, indicó que la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Pensamiento y Expresión y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han afirmado que este tipo de soluciones dan lugar a autocensura de plataformas, “en lugar de proteger usuarios se van a quedar con la primera opción: la censura exagerada de los contenidos”, dijo. Asimismo, explicó que “se generan obligaciones de monitoreo a las plataformas que implican costos que sólo grandes players pueden afrontar y aumenta concentración existente”.

También manifestó preocupación por la previsión sobre el derecho al olvido en el proyecto de ley y advirtió que desde EFF entienden “que las plataformas deben poder moderar contenidos, aquellos nocivos, pero sí que deben respetar criterios de competencia, interoperabilidad, transparencia y debido proceso en la moderación con atención a contextos locales y matices”.

Por último, indicó que el uso de datos personales de los usuarios “debe ser abordado desde la perspectiva de transparencia, proporcionalidad, junto con derechos de usuarios y protección de usuarios”.

Por su parte, Paulina Gutiérrez, representante de Artículo 19, destacó la importancia de abordar los desafíos que presenta el entorno digital desde los marcos internacionales. “El marco que existe de protección de derechos humanos continua vigente, si bien puede necesitar una aclaración por la tecnología estos continúan vigentes… no necesariamente se requiere la creación de un derecho nuevo”.

Dijo que si la preocupación de la iniciativa chilena plantea que “las plataformas deberían remover contenidos injuriosos, pero hay marcos existentes que atienden a esta problemática, esto no significa que ese marco no aplique. La pregunta es cómo trasladar los regímenes existentes a las plataformas en línea”.

“¿Cuál es el fin legítimo que se pretende proteger? Si se considera que las plataformas tienen poder excesivo, el fin es proteger la privacidad. No es necesario trasladarse a un régimen más fragmentado. Tal vez se puede ver el régimen existente de protección de datos y de la Constitución para abordar el problema”, sugirió.

“Todas las preocupaciones que se intentan solucionar con esta pieza [iniciativa chilena] pueden tener fines distintos a los que se persigue y serán incompatibles con protección de derechos humanos”, concluyó.

Desde Internet Society (ISOC), el vicepresidente para América Latina, Christian O’Flaherty, planteó que “el problema es que el ecosistema es tan complejo que las soluciones que vamos encontrando son parciales”.

“Muchas veces la implementación de esas regulaciones termina impactando en propiedades críticas que debe tener Internet para seguir siendo abierta, segura, confiable… Tratar de resolver un problema, muchas veces genera problemas mayores y son difíciles de revertir”, advirtió.

En este sentido recomendó “pensar en instrumentos que sean flexibles, evitar la sobre regulación, pensar más en procesos que en un listado de cosas que controlar, siempre con el foco de preservar los derechos de los usuarios”.

El video completo del evento se puede ver acá.

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