Por Javier García*
A partir de información obtenida en consultas y entrevistas, se describe la situación de precariedad económica, la falta de preparación profesional y la insuficiencia tecnológica de los servicios de radiodifusión comunitarios creados a partir de la Ley de Radio y Televisión aprobada en el año 2004. El estudio permite evaluar los efectos del deficiente marco normativo y la ausencia de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de los medios comunitarios en Perú, e incorpora una serie de recomendaciones para revertir la precaria situación del sector
El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha publicado el estudio “Situación de los servicios de radiodifusión comunitaria” donde, por primera vez desde la creación de este organismo, aborda en profundidad la situación de este sector a partir de una investigación desarrollada durante 2023.
El informe desarrollado por la/os investigadora/es Marisol Castañeda, Felipe Palomino y Freddy Molina y presentado el pasado 1 de febrero, consiste principalmente en un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran las radios y televisiones que operan con licencias de radiodifusión comunitaria a partir de encuestas, entrevistas y revisión documental y aporta contexto sobre el surgimiento y características de este tipo de medios de comunicación a nivel mundial. Además, incluye información sobre la evolución en el reconocimiento legal de los medios comunitarios en América Latina, así como una descripción del marco normativo e institucional que estableció la Ley N°28.278 de Radio y Televisión de 2004 y su respectivo reglamento.
El informe también brinda una serie de recomendaciones dirigidas tanto al propio sector como a los organismos públicos involucrados. Se trata de un documento de gran valor para conocer los medios comunitarios en Perú, su situación de precariedad y descubrir los negativos efectos que ha tenido la normativa desplegada a partir de 2004 que ha impedido el desarrollo del sector. Una muestra de ello es el contraste entre los medios comunitarios emblemáticos surgidos antes de la Ley de Radio y Televisión, a los que se dedica un apartado, con los servicios de radiodifusión comunitarios creados a partir de esta restrictiva norma.
Cabe indicar que, de forma previa a esta ley, ya existían radios comunitarias que operaban con las licencias existentes o de forma clandestina, ante la falta de reconocimiento de una categoría específica. Los investigadores incluyen referencias a algunas de estas experiencias emblemáticas y destacan que el contenido o significado de “lo comunitario” en la normativa está claro y que estos medios se definen por su ámbito local, restringido a comunidades campesinas, indígenas, áreas rurales y, por otro lado, por su finalidad de “fomentar la identidad y costumbres de la comunidad en la que se presta el servicio, fortaleciendo la integración nacional”.
Según detalla el informe, desde la aprobación de la Ley de Radio y Televisión, se han otorgado un total de 108 licencias de radiodifusión comunitaria, de las cuales 79 se corresponden a servicios de radiodifusión sonora y 27 a radiodifusión de televisión, todas ellas en áreas rurales a lo largo de la geografía del país. Las regiones que cuentan con un mayor número de medios comunitarios son Ancash (31), Ayacucho (10), Lima (09) y Cajamarca (08).
Las 108 licencias se distribuyen entre 65 titulares, 13 de los cuales son personas jurídicas y 52 personas naturales. En cuanto a las personas jurídicas, sólo se identifica una comunidad campesina como titular de licencia, situación que resulta muy llamativa considerando que la categoría de medios comunitarios se creó justamente para favorecer la participación de las comunidades campesinas e indígenas.
A su vez, un número significativo de licencias han sido otorgadas a entidades públicas (9 municipalidades distritales y un Gobierno regional), así como a 2 empresas. En cuanto a las personas naturales, la mayoría (51) cuentan con una sola licencia comunitaria, existiendo titulares que cuentan con licencias en diferentes provincias y regiones, destacando el caso de un único titular que acapara 15 licencias, además de identificarse que en algunos casos también controlan licencias de radiodifusión comercial. El informe alerta que una parte de las licencias, incluidas las de entidades públicas, utilizan la emisora como repetidora de contenidos de medios comerciales.
En la investigación se ha constatado además que, al menos, 10 de las 108 licencias no están activas en la actualidad y otras 7 funcionan de forma intermitente. Esto debido al impacto económico de la pandemia por COVID 19, fenómenos climáticos o a la falta de recursos para hacer frente a la avería de equipos. Otro aspecto llamativo es que hasta 2010 no se iniciaron procedimientos de otorgamiento y que la mayor parte de licencias se han otorgado en los últimos 7 años, por lo que cuentan con poca trayectoria y experiencia.
Respecto del funcionamiento, formas de financiación y necesidades de estos servicios, el estudio ofrece información detallada a partir de las entrevistas a 35 titulares o responsables. Si bien se advierte que la previsión era incluir una muestra más amplia, 10 titulares de licencias se negaron a participar en el estudio.
Con relación a la programación, se destaca el predominio de los contenidos de carácter musical, que se intercalan con informaciones locales o nacionales. En la mayoría de los casos no existen programas de carácter social dirigidos a grupos o públicos específicos y sólo en algunas entrevistas se menciona el establecimiento de mecanismos o formas de participación de la comunidad, si bien, en las entrevistas se menciona la cesión de espacios a personas que lo solicitan, así como la existencia de contenidos en lenguas indígenas locales.
Por otro lado, se resalta que los equipos de trabajo que gestionan las emisoras son muy reducidos, en su mayoría se componen por 1 o 2 personas que no cuentan con formación en el ámbito de las comunicaciones o para el trabajo con comunidades, lo que dificulta desarrollar un enfoque de medio comunitario.
La mayoría de estos medios se ubican en zonas aisladas y de pobreza extrema, donde la presencia del Estado es escasa, siendo muy ocasional la recepción de ingresos por campañas o publicidad pública. Los entrevistados se refieren a sistema de autofinanciamiento mediante aportes propios y de cobros por menciones y anuncios. 10 de los entrevistados afirmaron que no recuperan los gastos fijos de operación y personal y que asumen con sus propios recursos obtenidos con otras actividades, situación que empeoró durante la pandemia por COVID 19.
En consecuencia, estos servicios cuentan con equipamientos muy básicos, de poco alcance de cobertura, están expuestos a cortes eléctricos y a importantes limitaciones de acceso a Internet, a la que acceden principalmente a través del Internet móvil de sus propios celulares. Además, los entrevistados afirman tener dificultades para el pago del canon anual por el uso de espectro radioeléctrico.
*Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (Chile) e investigador asociado de OBSERVACOM.
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