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Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador pide criterios democráticos para reforma de la Ley de Telecomunicaciones

El pasado 8 de marzo, Apolonio Tobar, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se pronunció a través de una carta respecto a las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, específicamente sobre el procedimiento para la concesión de frecuencias en el espacio radioeléctrico.

En la carta, Tobar recomienda a la Comisión Legislativa que se estudie la nueva propuesta de reforma, teniendo en cuenta cuatro aspectos: primero, el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación, el público, privado y comunitario. En segundo lugar, se pide que las reformas tengan una distribución equitativa del espacio radioeléctrico.

La tercera sugerencia es que además de “propiciar el mayor ingreso para las arcas del Estado”, se tenga en cuenta el impacto social de la comunicación comunitaria para grupos vulnerables, especialmente en zonas rurales de difícil acceso. Por último, se pide que se fortalezcan los mecanismos democráticos de asignación de frecuencias.

El procurador también expresó que la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) han expresado que la propuesta genera ciertas inquietudes, ya que algunos elementos podrían prestarse para “arbitrariedades” en los procedimientos de concesión de frecuencias de radio y televisión.

Como publicamos anteriormente en OBSERVACOM, tanto ARPAS como ReDCo, pidieron a los diputados que se abra y amplíe el debate de la propuesta, ya que encontraron varios puntos que generaban preocupación. Como por ejemplo que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET, utilice la reforma para otorgar frecuencias de forma arbitraria, a su vez, se podría generar confusión entre concurso o subasta mezclando procesos diferentes en sus formas y objetivos.

Además, la reforma podría llegar a favorecer a acaparadores de frecuencia o retenedores ilegítimos, debido a que se dejaría de exigir que las frecuencias tengan continuamente “programación variada y contenidos diversos”, permitiendo que un propietario tenga frecuencias que “únicamente transmitan barras en televisión sin que su concesión sea revocada”.

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