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Propuestas de las organizaciones sociales sobre derechos digitales para la nueva Constitución en Chile

Derecho a la conectividad, libertad de expresión, uso de tecnologías libras, ciberseguridad, protección de la privacidad y datos personales son algunos de los temas que proponen las organizaciones de la sociedad civil para su inclusión en la nueva Constitución chilena.

En el webinario “Inclusión de derechos digitales en la Constitución. El saso chileno”, el director ejecutivo de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, y la académica Patricia Peña, de la organización Datos Protegidos e integrante del capítulo Chile de Internet Society, aportaron sus miradas sobre el proceso de discusión para una nueva carta magna en el país.

Ambos coincidieron que este proceso surge a partir del descontento social evidenciado en las protestas sociales de 2019. “Puesto que el conflicto político encontró uno de sus cauces posibles una nueva Constitución, se genera la oportunidad de reformular los derechos o integrar nuevos derechos a la Constitución también para el entorno digital…No se trata de incorporar nuevos derechos sino desarrollar los derechos que ya existen para que la Constitución los reconozca y fortalezca”, aseguró Lara.

Por su parte, Peña indicó que el origen de las discusiones puede remontarse al gobierno de Michelle Bachelet con la realización de encuentros locales para discutir una nueva constitución en los que se potencian dos líneas: la demanda sobre la inclusión de derechos digitales y la del derecho a la comunicación.

Señaló que buena parte de las demandas en torno a la conectividad, el espectro radioeléctrico como bien público, entre otros, que surgieron en ese contexto, también se articularon en los cabildos autoconvocados durante el estallido social.

Explicó que los distintos temas sobre los que actualmente se debate para incluir en la redacción de la nueva Constitución tienen que ver con el derecho a la conectividad y libertad de expresión, entre otros.

“Una primera idea, tenemos posibilidad de consagrar el derecho a la conectividad…Si bien Chile siempre fue celebrado por este aspecto, durante la pandemia las brechas digitales, que van desde el acceso hasta la educación, sigue siendo muy patente….En Chile el Estado se preocupa porque el acceso a las telecomunicaciones e Internet estén garantizados pero lo delega en actores privados… Chile no tiene infraestructura de conectividad pública, hay una parte importante de organizaciones que impulsan esta demanda”, sintetizó.

Además, planteó que “hay un segundo punto que tiene que ver con la necesaria garantía de la libertad de expresión en la era digital. En paralelo a la discusión de la Constitución se debate un proyecto de ley de redes sociales, es un pésimo proyecto”.

“Otra propuesta es cómo garantizamos las tecnologías libres. Salir del modelo centralizado de uso de tecnología…pensar en otros sectores como redes comunitarias de Internet… También está con mucha fuerza lo que tiene que ver con nueva configuración a la privacidad y a la protección de datos personales así como también la creación de una institucionalidad que sea parecida a una agencia de protección de datos, que sea autónoma de todos los poderes y una institucionalidad de la convergencia, que la Constitución permita abrir este tipo de institucionalidad”, señaló.

Por su parte, Lara dijo que existe una importante demanda por el “reconocimiento de las naciones y de la desigualdad de género y lo geográfico que son relevantes para lo digital”.  “No basta con declarar el derecho a la conectividad, sino que el Estado garantice formas alternativas de conectividad (no solo empresas privadas o el Estado), permitir que redes comunitarias sean una forma de conectividad al igual que la participación de medios autosugestionados”, precisó.

Enfatizó que la Constitución debe contribuir al reconocimiento de derechos existentes, “que se establezcan de forma clara y explícita los límites del ejercicio de ciertos derechos y cuándo es legítimo restringir un derecho”.

“En derechos clásicos, como el de libertad de expresión, el test tripartito puede incorporarse a la Constitución y el reconocimiento de la autodeterminación informativa en la sociedad digital. Esas son cosas que la Constitución puede actualizar y que ya están reconocidos”, indicó.

Además, planteó que “podemos desarrollar los derechos para pensar en cómo la Constitución aborda la regulación futura sobre el espectro radioeléctrico, los derechos de acceso y condiciones que facilitan ese acceso más allá de lo económico, cómo se entrelaza con la educación; el manejo de datos personales y la identidad; infraestructura segura, entre otras”, concluyó.

El video completo del webinario se puede ver acá.

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