Expertos y académicos afirman que hay una gran oportunidad para el reconocimiento de los derechos digitales en la nueva Constitución de Chile, cuyo texto está siendo preparado por la Convención Constituyente.
El exsubsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino, y la investigadora de la Universidad de Chile, Danielle Zaror, coincidieron en el interés que existe entre varios constituyentes de promover la incorporación de derechos digitales en la nueva Constitución.
El acceso a Internet y la generación de mecanismos para su universalización, el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y a la protección de datos personales son algunos de los derechos digitales que más resuenan en las discusiones sobre el nuevo texto constitucional.
De las 31.942 propuestas presentadas por los candidatos constituyentes, 464 iniciativas planteaban el establecimiento del acceso a Internet como derecho y la mejora en la conectividad, afirmó DPL News a partir de información del Observatorio por una Nueva Constitución.
“Hay un grupo de convencionales constituyentes que están muy comprometidos con la idea de reconocer derechos digitales en el catálogo, y están dispuestos a crear esa apertura en el catálogo clásico, generando una irrupción de derechos digitales, lo que sería toda una novedad para América Latina”, dijo a DPL News Zaror.
Por su parte, Ramírez Pino consideró que el Estado debe proporcionar “mínimos digitales” a la población para cerrar la brecha digital. Su propuesta va en sintonía con la idea de “canasta básica digital” promovida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que implica que el acceso a Internet y a los dispositivos esté disponible para todos los ciudadanos.
Además, planteó que se debe promover la inclusión tecnológica y prevenir posibles riesgos del uso de la Inteligencia Artificial y los algoritmos.
Patricio Urriola, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos y coautor junto a Pino, Zaror y otros del documento Carta Magna Digital, destacó la importancia de incorporar a los datos abiertos dentro del derecho al acceso a la información para una mayor transparencia.
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