Recientemente, el investigador Raúl Katz publicó un estudio sobre los Cambios en el mercado audiovisual global y brasileño en el que sostiene que la integración vertical contribuye a la competencia, a la innovación y beneficia a los consumidores al mejorar su experiencia, ampliar la variedad de contenido, disminuir precios y facilitar el acceso.
Por eso, el documento propone eliminar las restricciones a la propiedad cruzada establecida en la Ley de Servicios de Acceso Condicionado (Ley SeAC, que regula la TV paga) y no regular a las plataformas OTT audiovisuales, con el objetivo de equilibrar las reglas de juego entre proveedores de TV paga y OTT.
La investigación aparece en un contexto en el que en Brasil se desarrolla un intenso debate a raíz de distintos proyectos que tramitan en el Congreso para modificar la Ley de TV paga, que involucran discusiones en torno a eliminar las restricciones a la propiedad cruzada entre proveedores de contenido y empresas de telecomunicaciones (que tiene amplio consenso de grandes radiodifusores y telefónicas).
Sin embargo aparecen matices en relación al fin de las restricciones sobre la contratación de talentos artísticos nacionales o adquisición de derechos de transmisión de eventos de interés general. Esta es una demanda de las empresas de telecomunicaciones pero Globo se opone firmemente. Su posición de algún modo encuentra respaldo en la decisión del Consejo de Defensa Económica cuando avaló la fusión entre AT&T y Time Warner estableciendo una serie de limitaciones que incluyen estos aspectos.
Las discusiones también se extienden a las OTT: qué régimen regulatorio aplicar -si el de la TV paga o considerarla como servicio de valor agregado-, así como también entran en juego los criterios de tributación, establecimiento de cuotas, entre otros.
Sobre las cuotas, Claro, productores independientes y la oposición al gobierno demandan la protección de productores y programadores nacionales a través de cuotas y mecanismos de fomento. Su principal temor es que si los servicios VoD quedan por fuera del alcance de la Ley SeAC (lo cual es una demanda de las asociaciones de radiodifusión abierta) permita que grandes canales y programadoras internacionales, así como distribuidores exclusivamente OTT no cumplan con esos mecanismos de promoción y se generen asimetrías competitivas.
Otro de los puntos que ha generado fuerte controversia es el control por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) de la relaciones entre programadores y operadores. Es una demanda de Record, SBT, Rede TV (socias en la programadora Simba) y Band. Por el contrario, Globo -que actúa en el mercado de TV paga a través de la programadora Globosat- y las programadoras internacionales, se oponen.
Además de los intereses en pugna ya señalados, la modificación de la Ley de TV paga permitiría resolver la denuncia de Claro contra Fox por ofrecer contenidos a través de Internet de forma directa al usuario (lo que según la telefónica lo convierte en distribuidor y la participación en ambos segmentos está expresamente prohibido en la normativa), así como también destrabar la fusión entre AT&T y Time Warner en Brasil.
El informe de Katz señala que “las restricciones a la integración vertical, como las impuestas por el artículo 5 de la Ley SeAC, son anticompetitivas y van en detrimento a la protección de la industria audiovisual local y deben ser removidas para evitar sofocar la competencia y afectar el bienestar de los consumidores”.
En relación a las plataformas OTT, el estudio dice que “las autoridades brasileñas deben considerar que, en vez de regularlas como servicios de TV, tiene más sentido evitar imponer restricciones regulatorias y límites en esos servicios innovadores”.
“El objetivo es crear un campo de juego equilibrado (level playing field) entre los proveedores de TV paga que compiten con los OTT, lo que se puede alcanzar con la eliminación gradual de las restricciones contenidas en el artículo 6 de la Ley SeAC, que prohibe a los proveedores de servicios de telecomunicaciones (verticalizados o no) contratar talentos locales para producciones de TV paga, lo que representa un obstáculo adicional a la verticalización que va en detrimento de la competencia”, indica el documento.
Asimismo plantea que la situación de incertidumbre sobre cómo la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) va a regular a los OTT (por ejemplo si los OTT lineales requerirán una licencia) podría tener “un efecto disuasivo en las iniciativas de negocio para generar ofertas OTT innovadoras en el mercado brasileño”.
En Brasil, pero también a nivel global, esta perspectiva que aboga por la desregulación de operadores tradicionales como solución para equilibrar las reglas de juego con los actores del ecosistema digital, tiene amplio consenso en la industria.
Como hemos publicado anteriormente, las cámaras empresariales que representan a las emisoras comerciales de TV abierta, así como las del sector de Internet apoyan las modificaciones a la Ley SeAC en la medida que los servicios prestados por Internet se consideren como servicio de valor agregado y no como servicio audiovisual ya que, desde su perspectiva, la Ley SeAC crearía “barreras artificiales” al transportarse al ambiente de Internet. También las empresas de telecomunicaciones están interesadas en que se modifique la normativa de TV paga para profundizar el desarrollo de su modelo OTT.
Desde la perspectiva de la organización Intervozes, la discusión sobre el fin de los límites a la propiedad cruzada enfocados en el tipo de tecnología no tiene en cuenta la importancia del sector audiovisual nacional e independiente. En cambio se encuentra al servicio de los intereses de las empresas internacionales y de una gran empresa nacional, Globo.
Los proyectos para modificar la Ley SeAC buscan “atender el interés puntual y específico de un grupo de telecomunicaciones interesado en entrar en Brasil, AT&T, que controla una productora, Warner”, sostiene Marina Pita de Intervozes. Y plantea que la eliminación de los artículos 5 y 6 de la Ley de TV paga es “nefasto para la pluralidad y la diversidad de voces en los medios”.
Más allá del caso brasileño, los argumentos de Katz a favor de la desregulación para mejorar la competencia, la innovación y el bienestar de los usuarios son los que usualmente se utilizan desde perspectivas de mercado y que se multiplican en eventos y seminarios de la industria regional.
En cambio, desde la mirada de derechos humanos y una perspectiva de pluralismo coincidente con los planteos de Intervozes señalados más arriba, OBSERVACOM considera que este tipo de aproximaciones contribuyen a agudizar la concentración tanto de actores tradicionales como de nuevos actores y lejos de promover la innovación y ampliar la oferta, genera que pocos actores controlen la circulación de discursos, lo que conlleva limitaciones a la diversidad y el pluralismo.
En una publicación de UNESCO, los expertos Toby Mendel, Angel Castillejo y Gustavo Gómez- Director Ejecutivo de OBSERVACOM- recomendaron una serie de medidas para limitar la concentración indebida en el control y la propiedad de los medios de comunicación en las Américas.
Estas recomendaciones incluyen criterios de transparencia (informar al regulador sobre la estructura de propiedad, entre otras) y adopción de normas sustantivas para limitar la concentración indebida de la propiedad para impedir el control del mercado de medios por parte de una única persona o entidad sin socavar “el desarrollo comercial de los medios o el derecho de los propietarios de medios a participar en actividades de expresión”.
En particular, sobre la regulación de OTT audiovisuales, UNESCO acaba de publicar el nuevo documento de OBSERVACOM “Desafíos y asimetrías regulatorias de los servicios audiovisuales en Internet ¿Qué hacer?”. Allí, lejos de la idea de desregulación, el documento propone que una regulación democrática de los servicios audiovisuales en Internet debería ser «capaz de sostener los principios generales de protección del interés público con la flexibilidad para responder a los nuevos desafíos que nos presentan los OTT y sus nuevos modelos de negocio”.
Entre las principales recomendaciones de este abordaje se incluye el tratamiento específico de los servicios audiovisuales en Internet (se propone una regulación por servicio y no por tecnología); la ampliación del concepto de TV al de servicios de comunicación audiovisual; la ampliación de los sujetos alcanzados por la regulación actual; la simplificación del acceso al mercado de este tipo de operadores; la aprobación de una tributación similar para servicios semejantes; la necesidad de establecer reglas de promoción de contenidos audiovisuales nacionales; así como el reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, derecho al consumidor y otros derechos fundamentales de las personas en estos servicios.
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Imagen destacada: «TV» por kevin dooley con licencia CC BY 2.0