La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó observaciones preliminares y recomendaciones sobre Perú, en el que advierten normas y prácticas que impactan negativamente sobre el derecho a la libertad de expresión, con una “casi inexistencia de licencias para medios comunitarios, particularmente para medios de pueblos indígenas” además de denuncias sobre una marcada concentración de medios de comunicación, lo que afecta la diversidad de voces.
La Relatoría advirtió la necesidad de promover el acceso de pueblos y comunidades indígenas a medios de comunicación, con el objetivo de fomentar un debate diverso, plural y representativo. En este sentido, recomienda al Estado peruano establecer medidas para que los medios comunitarios tengan acceso a espacios para operar en todas las plataformas de distribución y cuenten con los recursos necesarios.
La información recabada por la misión, muestra que existe un marco legal restrictivo para los medios comunitarios, que apenas llegan al 1 % del total de los medios. El mecanismo de otorgamiento de licencias para estos se realiza por subasta y requiere de una gran suma de dinero, algo que muchas comunidades no pueden costear y marca una determinante barrera de acceso.
Con respecto a las voces indígenas, se informa que aunque hubo esfuerzos por parte del Estado por habilitar programación indígena, este fue insuficiente ya que la “programación es limitada, en horarios restringidos o de poca audiencia y no necesariamente respetuosa de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas”.
La Relatoría afirmó que existen desafíos para poder garantizar el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propios medios de información, en sus propias lenguas y en sus propios términos. Los comunicadores indígenas son agentes culturales de pueblos originarios, y el acceso a medios de comunicación es en gran medida por sus propios medios, lo que implica importantes sacrificios personales y comunitarios.
Por otro lado, la Relatoría da cuenta que recibió reiterados planteos sobre “lo que podría ser una situación de concentración de propiedad de medios de comunicación”, y por ende, sus eventuales impactos sobre la libertad de expresión, un tema que es sensible para la Relatoría Especial. Un ejemplo de ésto son las adquisiciones del grupo El Comercio que habrían dado lugar a una “alta concentración privada del mercado de la prensa escrita en el Perú”, sostiene el informe.
La suma de todos los factores mencionados dificultan la creación de información libre y plural, lo que genera un grave deterioro del debate público, así como intentos constantes de exclusión de ideas distintas, algo imprescindible para convivir en una democracia sólida.
La conclusiones preliminares de la Relatoría coinciden en varios puntos con el documento entregado por OBSERVACOM, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL) y el Foro por el Derecho a la Comunicación a Pedro Vaca en el marco de su visita a Perú. El documento afirma que la República del Perú no da garantías para la diversidad y el pluralismo, lo que condiciona una libertad de expresión efectiva.
Dada la situación constatada, la Relatoría llama al Estado peruano a promover un ambiente propicio para el debate de ideas donde se garanticen las condiciones para un debate público “robusto, diverso e incluyente”.
ENLACES RELACIONADOS:
Comunicado de prensa sobre observaciones preliminares de visita a Perú