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RELE recomienda a los Estados garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a Internet y medios de comunicación

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda a los Estados revisar la normativa que restrinja la libertad de expresión y opinión de niños, niñas y adolescentes, su armonización con instrumentos internacionales, garantizar el acceso a Internet y promover el acceso a los medios de comunicación de los niños, niñas y adolescentes, así como fomentar la producción de contenidos dirigidos a la infancia, la creación de organismos independientes que supervisen el funcionamiento de los medios, entre otros aspectos.

El informe temático “Niñez, libertad de expresión y medios de comunicación”, elaborado por el ex relator especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza analizó el derecho a la libertad de expresión de la infancia en medios tradicionales e Internet.

El documento afirma que, en la región, los niños, niñas y adolescentes han sido objeto de un trato discriminatorio como sujetos de derecho. Se advierte que la dificultad para acceder a medios tradicionales ha cambiado por las posibilidades que ofrece Internet, así como otros espacios digitales. No obstante, la RELE manifiesta que “Internet es un espacio en el que se mantiene una elevada tasa de inequidad en las posibilidades de acceso y disfrute de los beneficios que trae aparejado. En efecto, la existencia de la brecha digital afecta las posibilidades de niños y niñas que no tienen acceso a Internet de hacerse escuchar en la esfera pública y produce un fenómeno de exclusión e invisibilidad”.

En este escenario, el documento plantea una serie de recomendaciones, entre ellas que los Estados de la región revisen la normativa que establezca restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes. Además, señala que las restricciones a la libertad de expresión deben estar fijadas a través de una ley y cumplir con el test tripartito (legitimidad, proporcionalidad e idoneidad).

La Relatoría sostiene que las adecuaciones normativas sobre niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación deben estar armonizadas con los instrumentos internacionales tanto en materia de libertad de expresión como de derechos de la niñez.

Asimismo, recomienda que las autoridades de regulación audiovisual y aquellas que tienen atribuciones en materia de niños, niñas y adolescentes realicen la coordinación institucional necesaria para promover el acceso a los medios de comunicación así como la protección de sus derechos en línea con los estándares internacionales.

El documento también hace un llamado al establecimiento de organismos independientes de injerencia política y económica para el funcionamiento de los medios de comunicación.

El informe recomienda a los Estados promover y fomentar la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, alienta la creación de fondos públicos concursables o incentivos fiscales para la producción de contenidos para este segmento específico. Asimismo se recomienda a los medios de comunicación autoridades nacionales y locales que inviertan recursos para promover contenidos con enfoque local dirigidos a grupos sociales y lingüísticos y a la niñez de pueblos originarios.

La RELE recomienda a los Estados la adopción de medidas para garantizar el acceso a Internet de niños, niñas y adolescentes. “Para ello, es indispensable adoptar medidas de diferenciación positiva para cerrar la brecha digital respecto de niños de comunidades que tienen un acceso muy limitado o carecen de él”, sostiene el documento. También recomienda la capacitación y alfabetización en los distintos niveles educativos sobre el uso de Internet.

Asimismo, se insta a los medios de comunicación a que desarrollen y expliciten procesos de autorregulación que incluyan normas de ética periodística y mecanismos de rendición de cuentas sobre la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En el plano institucional, se aconseja la existencia de entidades públicas que reciban las demandas del público sobre el tratamiento que realizan los medios de comunicación de contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Por último, se recomienda a los Estados revisar las regulaciones de contenidos publicitarios y comunicaciones comerciales dirigidas a la infancia y fomentar mecanismos de autorregulación y co-regulación de la industria publicitarias, especialmente para evitar la promoción de alimentos no saludables.

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