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Advierten que reglamento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual traslada competencias del regulador independiente a organismos gubernamentales

La Comisión Honoraria de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), organismo asesor creado por la llamada “Ley de Medios” de 2014, marcó sus diferencias con la propuesta de reglamentación elaborada por el gobierno y reclamó que el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) tenga mayor peso en la toma de decisiones sobre los medios audiovisuales, en sintonía con lo establecido en la propia ley.

El CCA fue creado por la Ley SCA como organismo independiente, encargado de su aplicación y fiscalización, siguiendo los estándares interamericanos en materia de radiodifusión y libertad de expresión. Estará conformado por cinco miembros, cuatro de ellos elegidos por la Asamblea Nacional con el voto de 2/3 de los legisladores, y el presidente del organismo será designado por el Presidente de la República.

De acuerdo con el análisis de la CHASCA es importante asignarle mayores facultades al CCA para garantizar la independencia del Ejecutivo en la toma de decisiones y evitar que quede disminuido en sus funciones en relación a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) o a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), ambos dependientes directamente del gobierno.

“Si bien el Consejo de Comunicación Audiovisual no es absolutamente autónomo del gobierno, tiene mucha más autonomía que URSEC y DINATEL… Salvo el gobierno, todos entendíamos que lo que hacía la reglamentación era rebajarle competencias al CCA y dejárselas al gobierno”, dijo Gabriel Kaplún, representante de la Universidad de La República (UDELAR) en la CHASCA.

Luego de casi 4 años de vigencia de la norma, el CCA aún no está conformado. A las demoras del propio gobierno (que aún no ha designado a su representante), en el último año ha habido falta de acuerdo político parlamentario, clave para la elección de los otros 4 integrantes. La convocatoria realizada por el Parlamento para la elección de sus integrantes comenzó a mediados de marzo de este año con un llamado abierto a interesados, que culminó el 14 de abril con la postulación de 27 candidatos porque la oposición no habilita el quórum para su realización.

Al referirse al CCA, el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza señaló que “si se aplicara la Ley de Medios, Uruguay se convertiría en el primer país de América del Sur con tener un organismo con tantas garantías de autonomía e independencia del poder político y económico”.

En su Informe Anual 2017, la Relatoría Especial de la CIDH había manifestado preocupación por la falta de reglamentación de la ley, que dejaba pendiente “la puesta en marcha de la institucionalidad prevista para su implementación integral”. También la Defensoría del Pueblo de Uruguay expresó preocupación por “prolongadas demoras” en la implementación de la Ley de Medios, en particular, en las dilaciones de las autoridades competentes para integrar el CCA.

Foto tomada de: CAINFO

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