La Red Rompe el Miedo Guatemala advirtió que continúan pendientes las reformas para garantizar que los pueblos indígenas accedan al espectro radioeléctrico y operen sus propios medios sin persecución ni criminalización
La Red Rompe el Miedo Guatemala reclamó al Estado el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre radios comunitarias indígenas. En un comunicado publicado el 6 de octubre, al cumplirse cinco años del fallo, señaló que las principales medidas para superar la exclusión del sector siguen pendientes.
La organización reconoció que Guatemala cumplió con la publicación de la sentencia y avanzó parcialmente en el pago de indemnizaciones. Sin embargo, advirtió que estas acciones no sustituyen las reformas legales y las garantías de acceso a frecuencias ordenadas por el tribunal.
La sentencia, emitida el 6 de octubre de 2021 en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, respondió al reclamo de cuatro pueblos mayas. La Corte declaró al Estado responsable de vulnerar sus derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la participación en la vida cultural.
Uno de los obstáculos centrales es el sistema de asignación de frecuencias mediante subastas públicas de alto costo, que excluye a las comunidades indígenas por su limitada capacidad económica. Esta situación fue recogida nuevamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Guatemala de 2025.
Para revertir esa exclusión, la Corte ordenó reconocer a las radios comunitarias indígenas como medios diferenciados, establecer un procedimiento sencillo para obtener licencias y reservarles una parte adecuada y suficiente del espectro radioeléctrico. También dispuso medidas para poner fin a la criminalización vinculada con la operación de estas emisoras.
Como informó OBSERVACOM en diciembre de 2025, la CIDH ya había exhortado al Estado a cumplir el fallo y adoptar medidas para que las comunidades pudieran operar sus propias radios sin persecución.
Ahora, la Red reclama al Congreso las reformas necesarias y al Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones una hoja de ruta pública, con responsables, plazos y participación de los pueblos indígenas. Al Ministerio Público le exige evitar allanamientos, decomisos y procesos penales incompatibles con la sentencia.
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