La declaración de los BRICS sobre inteligencia artificial reivindica el derecho soberano de sus países a regular el sector y plantea la necesidad de una remuneración justa a medios y autores cuyos contenidos son utilizados para entrenar modelos de IA generativa, en línea con la creciente demanda internacional central para garantizar la sostenibilidad del periodismo frente al avance de las grandes tecnológicas.
El texto destaca la necesidad de una “protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y en particular de los derechos de autor”, para evitar la extracción abusiva de datos y garantizar mecanismos de compensación. El tema forma parte de una disputa creciente entre las grandes tecnológicas —como Google y OpenAI, quienes se oponen a la exigencia del pago– y las empresas periodísticas y creativas que reclaman compensaciones por el uso masivo y no autorizado de sus obras.
Por su parte, la administración Trump, ha estado amenazando —y tomado represalias— a los países que adoptan regulaciones o impuestos contra las empresas tecnológicas, la mayoría de las cuales son estadounidenses.
Las plataformas de IA defienden su posición alegando que el entrenamiento con contenidos protegidos por derechos de autor constituye un “uso legítimo” bajo la legislación de Estados Unidos, y que el pago obligatorio sofocaría la innovación tecnológica. Argumentan que solo utilizan fragmentos no sustanciales y que no perjudican la viabilidad económica de los autores.
Desde el gobierno brasileño cuestionaron este enfoque y recordaron que los países ricos defendían en el pasado la protección de la propiedad intelectual en áreas como la industria farmacéutica, aduciendo que el no pago de patentes de medicamentos también inhibía la innovación.
En un escenario donde los modelos de IA generativa se alimentan de contenidos producidos por medios –por ejemplo para dar respuestas a través de las nuevas versiones de “buscadores” en Internet– sin ningún tipo de compensación, la exigencia de una remuneración justa se vuelve clave para garantizar su sostenibilidad. El reconocimiento de este derecho por parte de los BRICS refuerza el reclamo de los sectores periodísticos frente a un modelo extractivo que pone en riesgo la viabilidad económica de la producción informativa.
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