Más de cien organizaciones rechazan las sanciones impuestas por EEUU a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, tras denunciar el rol de grandes empresas tecnológicas en violaciones a los derechos humanos en Palestina. Exigen que se levanten las sanciones y se investigue la complicidad empresarial en el genocidio y apartheid
Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. En una declaración conjunta denunciaron que la medida representa “una peligrosa escalada” en los intentos por silenciar a expertos en derechos humanos y debilitar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
La relatora fue sancionada luego de publicar su informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, en el que detalla cómo la ocupación israelí “se ha convertido en el campo de pruebas ideal para los fabricantes de armas y las grandes tecnológicas, con una oferta y una demanda ilimitadas, poca supervisión y cero rendición de cuentas, mientras que los inversores y las instituciones privadas y públicas se benefician libremente”. El informe identifica sectores económicos que alimentan esta economía —como el militar, la vigilancia, la construcción, el turismo y el agroindustrial— y destaca especialmente el rol de las big tech.
Según el documento, empresas como Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Palantir, IBM, HP, Airbnb y Booking.com habrían sido cómplices en la violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, participando activamente en la anexión y ocupación del territorio. La relatora señala el uso de inteligencia artificial, servicios en la nube, vigilancia biométrica y tecnologías de policía predictiva como herramientas que han facilitado operaciones militares, el control poblacional y ataques contra civiles en el actual genocidio en Gaza.
Las organizaciones firmantes aseguran que el informe “representa una contribución innovadora a la comprensión de cómo los actores corporativos globales han permitido y se han beneficiado de la ocupación ilegal de Israel y su complicidad en crímenes de genocidio y apartheid”.
Por estas razones exigieron al gobierno estadounidense que levante de inmediato las sanciones impuestas a Albanese y que se abstenga de tomar cualquier medida que obstaculice el trabajo de los mecanismos de Naciones Unidas. También reclamaron a los Estados miembros y a las instituciones internacionales de justicia que inicien investigaciones sobre las acusaciones dirigidas a las empresas mencionadas, y que impongan sanciones legales a aquellas que hayan violado el derecho internacional y contribuido a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Las organizaciones interesadas en adherir a esta declaración pueden sumar su firma en este enlace.