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Aprobada finalmente la Ley General de Comunicación Audiovisual en España a pesar de fuertes cuestionamientos

Cámara de video.

El Senado de España aprobó una Ley General de Comunicación Audiovisual que generó disensos en la coalición de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) y despertó fuertes cuestionamientos del sector del cine, las asociaciones de usuarios y sindicatos.

Ahora solo resta su publicación en el Boletín Oficial para que se concrete la transposición de la Directiva europea de Servicios Audiovisuales de 2018 al ordenamiento jurídico nacional.

La votación en el Senado -125 votos a favor, 28 en contra y 103 abstenciones- siguió la misma tendencia que la de Diputados, que a fines de mayo había aprobado el dictamen de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA). Así, en ambas cámaras la normativa contó con el apoyo del PSOE y PNV, la oposición de ERC, Vox y Juntxs por Catalunya -entre otros- y las abstenciones del PP, Ciudadanos y UP.

Entre los principales puntos del texto, que fue aprobado tal cual llegó de Diputados, se destacan: previsiones sobre producción independiente y la dirección o producción realizada por mujeres (en ambos casos con cuestionamientos de la comunidad cinematográfica), criterios para la promoción de obra europea y pluralismo lingüístico, previsiones sobre protección de menores y criterios de publicidad (ambos criticados por la Asociación de Usuarios), extensión de la accesibilidad, y mecanismos de financiamiento a la TV pública – Radio Televisión Española (criticado por sindicados de medios).

¿Qué plantea la normativa?

La normativa transpone en el ámbito nacional la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales de 2018. Mientras que la ley audiovisual vigente centra sus obligaciones principalmente en la Televisión Digital Terrestre (TDT), la novedad de la nueva ley es que alcanzará no solo a servicios lineales de TV abierta y de paga, así como a los no lineales (servicios bajo demanda) sino también a proveedores de servicio de streaming y plataformas de intercambio de video.

La normativa establece la creación de un registro estatal para todos los prestadores (incluidas las plataformas de video bajo demanda y de intercambio de video, así como los usuarios de “especial relevancia” en éstas) dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital.

Respecto de la promoción de contenidos europeos, la normativa establece la reserva del 30% del catálogo para obras europeas en servicios no lineales. La mitad (15%) deben ser en español o alguna lengua co-oficial. A su vez, de ese 15%, un 6% debe ser destinado a obras audiovisuales en lengua co-oficial.

Para la TV abierta y paga se establece que el 51% del tiempo de emisión debe ser para obras europeas de las cuales, la mitad del total se debe ser para obras en español o alguna lengua co-oficial. Este punto había generado especial controversia con los catalanes, que habían amenazado con no aprobar el presupuesto si no se incluía la cuota de lenguas cooficiales para las plataformas. Si bien finalmente se incorporó esta previsión en el texto aprobado, ERC igual votó en contra.

En cuanto al pluralismo lingüístico, se prevén fondos para los subtítulos y doblajes de películas a lenguas co-oficiales en televisión.

En materia de accesibilidad la norma contempla que los prestadores incorporen “mejoras progresivas” de lengua de signos no solo en la TV abierta sino también extendiéndolo a TV paga, y a servicios bajo demanda televisivos y sonoros.

En lo que refiere a la publicidad, la iniciativa prevé que en las plataformas bajo demanda y de intercambio de video se incorporen sistemas de verificación de edad y control parental para proteger a los menores, así como incluir una funcionalidad para que las personas usuarias que suban videos declaren si contiene publicidad. En todos los casos se prohíbe la publicidad subliminal, de tabaco y cigarrillos electrónicos, y aquella que vulnere la dignidad humana.

Para la TV abierta y de pago se flexibilizan los límites de tiempo publicitarios y se permite la publicidad de bebidas alcohólicas, juegos de azar, paraciencias y esoterismo entre la 1 y las 5 am, algo que hasta ahora estaba prohibido.

La normativa contempla que las plataformas de video bajo demanda y de intercambio de video aporten el 1,5% de sus ingresos anuales en el país para el sustento de la TV pública. En tanto las televisoras contribuirán con un 3%.

Otro de los puntos establecidos en la normativa es el financiamiento a la producción independiente y a la producción o dirección de contenidos audiovisuales realizada por mujeres. Este aspecto recibió duras críticas por parte de la comunidad cinematográfica de modo generalizado (ver abajo).

La LGCA prevé que los prestadores de servicios audiovisuales televisivos -lineales o bajo demanda- cuyos ingresos sean iguales o superiores a 50 millones de euros deberán destinar el 5% a la financiación anticipadas de obras europeas, o contribuir al Fondo de Protección Cinematográfica o al Fondo de fomento a la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales diferentes al castellano. De ese 5%, al menos el 70% debe ser para financiar producciones independientes. De esa subcuota, un mínimo del 15% debe ser para obras en lenguas cooficiales de las Comunidades Autonómicas (reservando el 10% para cada una de ellas) y 30% sea destinados a obras producidas o dirigidas por mujeres.

Críticas

Como se mencionó, el articulado sobre producción independiente fue muy cuestionado por la comunidad cinematográfica en su conjunto y, en particular, por la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA).

Las principales asociaciones audiovisuales españolas, así como la Academia de Cine y el European Producers Club, directores (como Pedro Almodóvar y Alex de la Iglesia, entre muchos otros), productores y actores presentaron un manifiesto rechazando la modificación que el PSOE introdujo sobre la definición de producción independiente, por la que una productora asociada a un grupo audiovisual puede ser considerada independiente si realiza contenidos para otro grupo con el que no esté vinculada. ”Es una sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y como la conocemos”, expresó el manifiesto según informó El Confidencial.

“Las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación tendrán la consideración de independientes cuando produzcan para otros proveedores de servicios de comunicación compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes”, dice el comunicado que difundió El Mundo.

La comunidad cinematográfica consideró que esta clasificación genera una mayor concentración en manos de las grandes plataformas globales y de las grandes televisoras, y va en contra de la garantía de la diversidad cultural.

A pesar de las críticas, el PSOE rechazó las más de 280 enmiendas que distintos partidos políticos habían presentado en el Senado en relación a este tema y desde el gobierno se planteó que podría revisarse la definición de producción independiente a través de la Ley de Cine. «Quedamos emplazados para la Ley del Cine para mejorar aquellos elementos de la definición de producción independiente que el sector plantea», había asegurado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, días antes de la votación de la LGCA, de acuerdo con Europapress.

El sistema de cuotas también fue cuestionado. Desde CIMA denunciaron que las cuotas para incentivar obras producidas o dirigidas por mujeres no fueron las que el Ejecutivo había prometido. Según El País, la organización había solicitado (y el gobierno aceptado) que la ley reservara un 40% de las emisiones de las televisoras tradicionales y del catálogo de las plataformas a obras creadas o dirigidas exclusivamente por mujeres, así como que del 5% de los ingresos de las plataformas globales para el financiamiento de obras europeas se reservara un 40% para obras de creadoras o directoras. En cambio, el porcentaje para financiar únicamente obras dirigidas y creadas por mujeres será un 30% dentro de la 70% destinada a producciones independientes. Esto es, algo más del 1% que será para financiar películas y series de creadoras.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) también manifestó su desaprobación al proyecto en lo que se refiere a protección de menores y publicidad (comunicaciones comerciales), de acuerdo con PR noticias. La Asociación señaló que la normativa elude la responsabilidad de los creadores de contenido comercial (encubierto) en las plataformas de intercambio de videos. También advierten que es la primera vez que se permite publicidad de bebidas alcohólicas en TV y de juegos de azar, esoterismo y paraciencias. A su vez apuntó a la flexibilización de tiempos para la emisión de publicidad en televisión (de los actuales 12 minutos por hora a 144 minutos entre las 6 y 18 hs y 72 minutos entre las 18 y 24 hs) que puede generar una saturación en las franjas de mayor audiencia afectando los derechos de espectadores y los intereses de anunciantes.

Los sindicatos también criticaron el texto aprobado. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciaron que en las discusiones no se consideraron ninguna de sus propuestas. Denunciaron que se deja en manos de la autorregulación lo que deberían ser las funciones de una autoridad audiovisual independiente, que se omite la definición de misión de servicio público para los prestadores (públicos y privados), ni se garantiza el financiamiento estable para RTVE. Por último, también criticaron que la normativa no hace mención a los derechos laborales en el sector.

Por Ana Bizberge

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