La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insiste al gobierno que incluya a los influencers en el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual (ALGCA), que transpone en España la Directiva de Servicios Audiovisuales europea, aprobada en 2018.
En su informe, la CNMC valora la incorporación en el anteproyecto de una serie de recomendaciones, sin embargo advierte que otras no fueron tomadas en cuenta y solicita que sean consideradas en esta segunda etapa de consulta pública.
Uno de los aspectos principales sobre el que insiste la CNMC es que se incluya a los influencers en la definición de “prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de video”.
“Esta comisión debe insistir en la conveniencia de la inclusión expresa de estos prestadores en el marco normativo, de manera que las distintas obligaciones a que están sujetos se puedan adaptar a sus peculiaridades, al igual que se hace con los diferentes servicios que sí aparecen identificados”, dice el documento.
Además, se señala que si el objetivo es que la CNMC supervise el cumplimiento de los principios generales de la normativa (dignidad humana, pluralismo, igualdad de género, entre otros), debe quedar explicitado en el proyecto, del mismo modo que quién sería la autoridad competente para aplicar sanciones.
En cuanto a las comunicaciones comerciales en las plataformas de intercambio de video, la CNMC considera que el proyecto “debería clarificar que las plataformas son responsables de todos los tipos de comunicaciones comerciales que inserten, incluyan o gestionen en los videos de terceros, sean o no audiovisuales, de cara a proteger de manera integral los derechos de los consumidores y los menores.”
En cuanto al financiamiento de obras, la CNMC sugiere que se incorporen elementos para promover la diversidad cultural y lingüística.
Entre otros aspectos, además la CNMC considera pertinente “aclarar que la autorregulación y corregulación no pueden menoscabar las competencias de supervisión, control y sanción de las autoridades audiovisuales competentes.”
El regulador español destaca que una de las modificaciones más importantes que introdujo la nueva versión del anteproyecto se refiere al sistema de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). Aportarán al sistema público no solo los prestadores de TV lineal abierta y paga sino también las plataformas de intercambio de videos. En cambio, dejarán hacerlo las operadores telecomunicaciones.
Otros aspectos incorporados al anteproyecto, sugeridos por la CNMC son:
- Permitir que los servicios prestados por operadores establecidos en España que se dirijan en exclusiva al público de otro Estado miembro puedan cumplir con la normativa de calificación de edad y de señalización de dicho país de destino, previa autorización de la CNMC.
- Eliminar el procedimiento de autorización previa para la exención de cómputo publicitario de anuncios de servicio público o de carácter bené
- Eliminar las cuantías mínimas de las sanciones.
- Clarificación del régimen de responsabilidad de prestadores audiovisuales frente a anunciantes en comunicaciones comerciales que gozan de un régimen especí
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