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¿Cuál es la agenda de libertad de expresión que debe tener Ecuador? Proponen “hoja de ruta” al nuevo gobierno

Durante la campaña electoral en Ecuador gremios de periodistas y de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos elaboraron una “Hoja de Ruta de Libertad de Expresión 2021-2025”, que contiene una serie de propuestas de acción dirigida tanto al Ejecutivo, como al Legislativo, al Poder Judicial, al sector privado, a la academia y a la sociedad civil.

En vísperas de la asunción presidencial de Guillermo Lasso, quien tomará el cargo el 24 de mayo, existe gran expectativa para que se haga eco de las propuestas. Por el momento, Lasso hizo declaraciones sobre su intención de derogar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) vigente y sancionar una nueva normativa, cuyos contenidos aún se desconocen.

“Los mayores agresores a la libertad de expresión siguen siendo autoridades estatales locales y funcionarios públicos de provincia, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales; estos enjuiciamientos son realizados para sancionar críticas en razón de su desempeño como autoridades y servidores públicos. Después de las agresiones físicas, tanto la violación de derechos digitales como la censura en internet, cierre de páginas, hackeos a sistemas informáticos, ciber amenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales, ocupan un espacio importante en las vulneraciones a la libertad de expresión”, señala el documento de “Hoja de Ruta” de las organizaciones.

En este sentido se proponen 19 acciones para el Ejecutivo, entre las que se destacan el envío de un proyecto de Ley que derogue la normativa vigente (LOC), que considere los estándares internacionales de libertad de expresión. Para esto también se recomienda al Legislativo su intervención para garantizar el derecho a rectificación o réplica, la garantía de principios de servicio público, adoptar criterios de asignación transparentes, justos y plurales de las frecuencias de radio y TV y la promoción de los medios comunitarios, entre otros aspectos.

Asimismo, los distintos sectores involucrados en la elaboración de la “Hoja de Ruta” demandan al Ejecutivo “promover el acceso a la información de calidad, impedir la censura, afianzar el acceso a internet y combatir la desinformación en el marco de la Pandemia COVID-19”.

Otra de las propuestas consiste en eliminar los artículos de la Ley Antimonopolio que impiden que empresarios de otro sector económico puedan invertir en medios de comunicación. También la derogación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que penalizan la opinión.

Asimismo se prevé la puesta en funcionamiento del Comité para la Protección de Periodistas, con participación de la sociedad civil, aprobada en el gobierno de Moreno y la adopción de incentivos fiscales y económicos para el sector de la comunicación.

También se demanda “una auditoría al vigente concurso de frecuencias, para fiscalizar lo actuado por ARCOTEL, acorde a lo que establecen los estándares y principios internacionales”, auditar a los medios incautados y proceder a su venta, garantizar la independencia de los medios públicos y regular la pauta gubernamental para que se distribuya de modo transparente y equitativo para fomentar el pluralismo.

Por último, se demanda al Ejecutivo “transparentar y agilitar las condiciones y cronogramas para la ejecución de las acciones determinadas en el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre 2018-2021”.

En relación al Legislativo, entre otros aspectos, se pide el desarrollo de una legislación que garantice derechos humanos en Internet, así como la sanción de una ley de protección de datos personales.

La Hoja de Ruta también propone acciones para el sistema judicial, que consisten en la capacitación a los operadores de la justicia para que comprendan y apliquen criterios internacionales de libertad de expresión en sus sentencias, entre otros aspectos.

En relación al sector privado se recomienda el desarrollo de mecanismos de autorregulación así como el cumplimiento de la regulación estatal sobre medios, y la realización de inversiones para la reconversión tecnológica o el surgimiento de nuevos medios en el país, entre otros aspectos.

 

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