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Especialistas afirman que Ley TIC de Colombia favorece a empresas “telco” y no fomenta contenidos públicos ni desarrollo de industria local

La Fundación Friedrich Ebert (FES) publicó Secuencia e hitos de la polémica ley de las TIC en Colombia, un documento elaborado por las investigadoras Débora Margarita Pérez Serna y Diana Lombana.

El informe analiza los principales ejes de discusión en torno a la sanción de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que generó polémica, movilizaciones y recomendaciones tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como de organismos internacionales.

Pérez Serna y Lombana explican que las recomendaciones de organismos internacionales como UNESCO, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tuvieron una incidencia decisiva para que se modificaran algunos de los aspectos más cuestionados del proyecto de Ley: el uso del espectro (por 20 años en lugar de 30, como era el planteo inicial), eliminar la renovación automática de licencias y crear una subcomisión de contenidos audiovisuales dentro del regulador convergente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

No obstante, las autoras advierten algunas discusiones permanecen como temas pendientes luego de la sanción de la Ley: favorece a los conglomerados globales de telecomunicaciones, se pierde una política de fomento y fortalecimiento a los contenidos públicos, faltan garantías para el desarrollo de la industria audiovisual local y, desde el punto de vista institucional, se concentran competencias en el Ministerio TIC y hay falta de autonomía en el organismo regulador.

En relación al privilegio para los actores globales de telecomunicaciones, las investigadoras plantean que la Ley “además de ampliar las concesiones de uso del espectro a los operadores privados de diez a veinte años, permite que el porcentaje de pago de contraprestaciones por obligaciones sea de 60%, es decir, otorga la posibilidad a los privados de pagar en especie, como una medida, según el gobierno, de estimular la inversión en infraestructura y darles tiempo para recuperar la inversión”.

Otro de los aspectos que consideran que contribuye a favorecer a las empresas de telecomunicaciones es que la Ley “omite incluir en la regulación a plataformas globales Over The Top (OTT), que prestan servicios de televisión por demanda en internet, como Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Movistar Play, DirecTV Play y Claro TV”.

Las autoras explican que eso es “una aparente contradicción, teniendo en cuenta que, según el mismo gobierno, se les reducen las contraprestaciones por uso del espectro a operadores como Claro o DirecTV, con el fin de tomar medidas frente a la aparente crisis que han generado las plataformas Over The Top”.

En relación a la regulación, las investigadoras señalan que el MinTIC ahora “tendrá la posibilidad de asignar el espectro, definir porcentajes de pago de contraprestaciones de los operadores, manejar los recursos de televisión y de contenidos por medio del FonTIC, y tendrá funciones de vigilancia y control del servicio de telecomunicaciones, entre otros aspectos”.

A su vez plantean que la CRC carece de autonomía del Poder Ejecutivo. Señalan que “no es convergente y sigue compartiendo funciones tanto con el MinTIC como con la Agencia Nacional del Espectro (ANE)”.

“Este (la falta de autonomía de la CRC), es quizás, el punto central que representa un riesgo para la libertad de expresión, pues da pie a la incidencia del gobierno en la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abriendo la puerta para que, según las intenciones del gobierno de turno, se otorguen o quiten licencias o favores a cambio de visibilizar u omitir sus prioridades”, concluyen.

 

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