Brasil, 13 de abril de 2020
El proyecto de “Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet” atribuye a proveedores de aplicaciones la responsabilidad de combatir la desinformación e implementar reglas de transparencia para tal fin.
La propuesta, presentada por el senador Alessandro Vieira (Partido Ciudadanía, representa al Estado de Sergipe), se aplicaría a proveedores de aplicaciones con facturación bruta anual superior a los US$ 15 millones. En el caso de proveedores que tienen una facturación inferior, se establece que también deberían seguir las medidas propuestas pero como guía de buenas prácticas.
“Todos los servicios y las plataformas alcanzados por esta legislación deberán implementar medidas para impedir la diseminación de desinformación en sus medios. Esas obligaciones se dirigen a los proveedores de servicios de mensajes instantáneos y plataformas”, señala el documento en su justificación.
La iniciativa se fundamenta en parte en la actual pandemia de coronavirus. «La desinformación en este contexto de crisis y de necesidad de cohesión social sin precedentes contribuye para desestructurar lazos de confianza en la clase médica, científica y en la clase política del país”, indica el proyecto.
El proyecto define “desinformación” como “contenido falso o engañoso que fue colocado fuera de contexto a propósito, manipulado o completamente forjado con el interés de engañar al público y que sea diseminado para obtener ganancia económica o que pueda causar daños públicos, como fraudes electorales, o riesgo de la estabilidad democrática, o funcionamiento de servicios públicos, la integridad física y moral de las personas y grupos identificables por su raza, género, orientación sexual o visión ideológica o consecuencias negativas a la salud colectiva”.
El artículo 5 estable que los proveedores de aplicaciones de Internet deben prohibir el uso de cuentas inauténticas, de bots y botnets para diseminar desinformación; bots no rotulados (cuyo uso no es comunicado al proveedor de aplicaciones) y contenido, anuncios online o propaganda política patrocinada sin informar al proveedor.
En relación a las medidas de transparencia, el proyecto plantea la publicación de informes semanales con datos actualizados y detalles sobre el tratamiento otorgado a las cuentas falsas, discurso de odio, explotación infantil, desnudez no consentida y otras acciones. También se estable como medida de transparencia permitir a los usuarios saber los detalles de los anuncios online así como quién patrocina la propaganda política.
El proyecto determina que las plataformas apliquen medidas proactivas contra la desinformación, entre ellas, enviar los contenidos potencialmente desinformativos de “alcance significativo” (visualización por más de 5 mil personas) a las empresas verificadoras de datos independientes para su análisis.
Los proveedores tendrían un máximo de 12 horas para la adopción de las medidas previstas en el proyecto para minimizar la diseminación del contenido (artículo 9).
Las medidas, establecidas en el artículo 11, son deshabilitar los recursos de transmisión del contenido desinformativo; rotular el contenido desinformativo como tal; mostrar el nombre del creador original del contenido; y disminuir significativamente o eliminar la prominencia y alcance de la desinformación verificada por medio de ajuste de algoritmos de visualización.
El proyecto indica que las medidas deben estar especificadas en los contratos de prestación de servicio o en los términos de uso de las aplicaciones de Internet.
El proyecto también prevé responsabilidades para las aplicaciones de entes del sector público que deben adoptar buenas prácticas para combatir la desinformación, poniendo a disposición mecanismos accesibles para cualquier usuario para reportar la desinformación. Así como promover transparencia sobre contenido patrocinado y cuando el sector público fuera responsable de promover anuncios online.
La iniciativa establece una serie de sanciones para las plataformas frente a la diseminación de información: advertencia con indicación de plazo para adopción de medidas correctivas; multa de hasta 10% de la facturación del grupo económico en Brasil en su último ejercicio; suspensión temporaria de las actividades; y prohibición de actividades en el país.
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