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Se presentó en el Senado de Argentina proyecto de ley para declarar Internet como servicio público esencial

El senador del partido oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley para declarar Internet como servicio público y esencial, en línea con el decreto presidencial (DNU 690/2020) sancionado el año pasado, que se encuentra judicializado por las grandes compañías de telecomunicaciones del país.

“La brecha digital que tenemos en la Argentina es alarmante y demanda una respuesta normativa. Por eso, presenté un proyecto en el Senado que declara a las TIC como un servicio público, esencial y estratégico en competencia”, afirmó a través de su cuenta de Twitter el senador Luenzo, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

“El proyecto está redactado en espejo con el DNU 690. No nos vamos a apartar de ese criterio. La idea es que salga por ley para que no sea objetado ante la Justicia como lo fue el decreto”, dijo Luenzo al diario La Nación.

El proyecto retoma en sus considerandos lo establecido por el DNU 690, que recuperó una serie de principios establecidos en la Ley Argentina Digital de 2014, luego modificada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La iniciativa de Luenzo indica que «así como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI”.

El proyecto “establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” (artículo 2).

Además, la iniciativa de Luenzo declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia (artículo 6).

También plantea que el Estado debe regular los precios “de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del servicio universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público”.

Asimismo, indica que el programa de servicio universal debe ser revisado “al menos cada dos años, en función de las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

Como publicamos en OBSERVACOM, el presidente Alberto Fernández afirmó recientemente en la presentación del plan Argentina Programa, que “vamos a hacer de Internet un servicio público”.

El año pasado el presidente sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. Esto significaba, entre otras cosas, la intervención del Estado en la regulación de precios de los servicios.

La medida fue judicializada por los grandes operadores: Telecom (Grupo Clarín), Telecentro y DirecTV. El Poder Ejecutivo y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apelaron la decisión y solicitaron la intervención de la Corte Suprema para resolver el caso.

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