Solo 621 participantes manifestaron interés para concursar en el llamado público por la asignación de las 3096 frecuencias de radio FM, según informó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) de Ecuador.
Cabe recordar que del total de frecuencias distribuidas en 24 provincias del país, 2112 estaban habilitadas a medios comerciales y 984 para medios comunitarios, las cuales obtendrán un título habilitante por 15 años.
El director del ARCOTEL, Xavier Aguirre, aseguró que los interesados tuvieron 52 días para presentar sus solicitudes en un proceso que contó con dos prórrogas respecto a la fecha inicial.
Si bien la ampliación del plazo era una de las demandas de medios comunitarios -que advertían de los problemas que habría por la pandemia del COVID19- la decisión de ARCOTEL no cubrió sus expectativas, ya que estos medios solicitaban al menos un mes más para poder cumplir con los requisitos del llamado y poder lograr mayor participación en el llamado.
Originalmente, la convocatoria preveía el cierre del proceso de presentación de solicitudes para el 15 de junio pero ARCOTEL resolvió otorgar 15 días más de plazo para recepción de documentos, es decir hasta el 30 de junio. Luego volvió a ampliar el período hasta el 7 de julio.
De acuerdo con el cronograma, hasta el 27 de julio está prevista la publicación de los resultados de determinación de la demanda para decidir si se hará proceso simplificado (en las zonas en las que no haya demanda) o se realizará un proceso competitivo. En ambos casos, su desarrollo está previsto entre el 11 de agosto y el 29 de octubre.
El Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo a El Telégrafo que, en la actualidad, la distribución de frecuencias es más justa (que en el gobierno anterior de Rafael Correa) ya que se entregarían hasta 10% de las frecuencias para medios públicos, hasta el 56% para medios privados y hasta el 34% para comunitarios.
Para el proceso de adjudicación de frecuencias de radio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó a una Veeduría Ciudadana cuya composición fue cuestionada en dos oportunidades.
En mayo se conformó la primera Veeduría integrada por Fernando Andrés Villacrés, Paola Aguilar, César Ricaurte, Emilio Uscategui Jiménez, Héctor Velasco Álvarez, María Vargas Alarcón y Bernardo Cañizares.
El Ministro Michelena denunció un “conflicto de intereses y tintes políticos” al considerar que los últimos cuatro integrantes mencionados carecían de perfil técnico, además, puntualmente, Velasco Álvarez había participado del concurso de 2016 por la frecuencia de Radio Democracia (Exa 92.5 FM, Quito) usando la figura de radio comunitaria.
En reemplazo de los cuatro integrantes denunciados, se sumaron a la Veeduría: Washington Dután, Gilberto Gutiérrez Perdomo, María Ramírez Campos y Roberto Wohlgemuth Jarrín.
Pero el 8 de julio ARCOTEL impugnó a los nueve integrantes de la veeduría por anomalías en el proceso de conformación. El Director Ejecutivo de la agencia dijo que se ha identificado que el proceso de selección y conformación de la veeduría ciudadana adolece de falta de motivación y vulnera la garantía constitucional al debido proceso.
Una de las principales anomalías detectadas tiene que ver con Wohlgemuth, acusado de crear páginas en la red social Facebook para difundir noticias falsas en torno a las elecciones, así como criticar al presidente de Ecuador.
Por su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, decidió renunciar a la Veeduría conformada por el CPCCS.
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