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37 fiscales generales de Estados Unidos demandaron a Google por prácticas anticompetitivas en el mercado de aplicaciones

Los fiscales generales de 37 estados de Estados Unidos demandaron a Google por conducta anticompetitiva en el mercado de aplicaciones móviles, así como en el de procesamiento de pagos en las aplicaciones.

El comunicado sostiene que “a través de una serie de contratos de exclusión y otras conductas anticompetitivas en la Tienda Google Play, Google privó a los usuarios de dispositivos Android de una competencia sólida que podría conducir a una mayor elección e innovación, así como a precios significativamente más bajos para las aplicaciones móviles”.

De acuerdo a la demanda de los Fiscales, a fin de proteger su posición de monopolio en la distribución de aplicaciones de Android, Google desarrolló al menos cinco conductas anticompetitivas. En primer lugar, impone barreras técnicas que desalientan o impiden por completo que los desarrolladores de aplicaciones las distribuyan fuera de Google Play Store. “Específicamente, Google construye en Android una serie de advertencias de seguridad engañosas y otras barreras que disuaden a los usuarios de descargar aplicaciones de cualquier otra fuente por fuera de la tienda Google Play, excluyendo de manera efectiva a los desarrolladores y tiendas de aplicaciones de la distribución directa a los consumidores”, sostiene el comunicado.

En segundo lugar, la demanda indica que Google no permite que Android funcione como un «código abierto», coartando efectivamente la competencia potencial. Además, señala que los contratos de Google excluyen la competencia al obligar a que las aplicaciones patentadas de Google estén «precargadas» en prácticamente todos los dispositivos diseñados para ejecutarse en el sistema operativo Android, y requieren que las aplicaciones de Google tengan la ubicación más destacada en las pantallas de inicio de los dispositivos.

En cuarto lugar, los fiscales generales advierten que Google “compra” a su competencia potencial en el mercado de distribución de aplicaciones, al persuadir a los fabricantes de equipos y operadores de red mediante la celebración de acuerdos que los recompensan con una parte de las ganancias del monopolio de Google.

Por último, la demanda sostiene que Google fuerza a los desarrolladores de aplicaciones y usuarios de apps a utilizar su servicio de procesamiento de pagos (Google Play Billing) para cualquier compra de contenido digital realizado en aplicaciones obtenidas de Google Play Store. De este modo Google “ata” el uso de su procesador de pagos a la distribución a través de la tienda de aplicaciones, logrando extraer una tasa exorbitante (de hasta el 30%) por el procesamiento de cada transacción.

La acción contra Google fue promovida por una coalición bipartidista liderada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto a los fiscales de Utah, North Carolina, Tennessee, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, Iowa, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, y el District of Columbia.

Esta iniciativa se suma a la que, como publicamos en OBSERVACOM, inició el Departamento de Justicia el año pasado, cuando demandó al gigante tecnológico por posición dominante en el negocio de las búsquedas de Internet.

Asimismo se enmarca en acciones como la reciente presentación de proyectos de ley en el Congreso para limitar el poder de las plataformas que, como publicamos, retoman las recomendaciones presentadas el año pasado por el Subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a partir del análisis del comportamiento de Facebook, Google, Amazon y Apple.

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