La Comisión de Relaciones Internacionales presentaría al pleno de la Asamblea Nacional el informe para el primer debate sobre la reforma a la Ley de Comunicación el 25 de octubre.
Como publicamos en OBSERVACOM los proyectos remitidos a la Asamblea son el del sector comunitario, presentado por el Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana de la mano de los asambleístas Peter Fernando Calo y Dina Farinango; el de los medios privados (AER); el proyecto presentado por el presidente Guillermo Lasso y el de los legisladores Marjorie Chávez (PSC) y Fernando Villavicencio, denominado Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación, que cuenta con el apoyo de Fundamedios. Estos dos últimos dos fueron recientemente unificados. El quinto es el de la asambleísta Marcela Priscila Holguín Naranjo.
Algunos de los puntos que generan mayor debate son la discusión sobre regulación o autorregulación, la existencia o no del Consejo de Comunicación y sus integrantes, las garantías a periodistas, el derecho a réplica y rectificación y la reserva del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, informó La Hora.
Sobre estos aspectos pesan algunas diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y el de Chávez y Villavicencio. El punto en común es el de la autorregulación, sin embargo, mientras que la iniciativa Lasso no incluye el funcionamiento del Consejo de Comunicación, el de los asambleístas, sí. Entre sus funciones se incorpora el establecimiento de criterios de responsabilidad ulterior y su conformación contemplaría no sólo a representantes del Estado sino también a medios de comunicación, miembros de la academia y periodistas.
Otro de los puntos en el que existe diferencia entre ambos proyectos es la reserva del 34% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. El proyecto del Ejecutivo reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional pero no hace referencia a la distribución del espectro. En cambio, el de los asambleístas Chávez y Villavicencia mantiene expresamente la reserva de frecuencias. Sobre este punto también hay coincidencia con el proyecto del sector comunitario y el de Holguín.
El derecho a la rectificación, la sostenibilidad de los medios de comunicación y la protección a los periodistas son también puntos de divergencia entre el proyecto del Ejecutivo y el de Chávez y Villavicencia, ahora unificados.
Por su parte, la iniciativa de la asambleísta Holguín manifiesta que el objeto de la ley es “la desconcentración de frecuencias, protección del derecho a ejercer la libertad de expresión”. Sobre la tensión autorregulación-regulación estatal postula que los medios de comunicación deben elaborar y publicar sus códigos deontológicos, pero que estos “no pueden suplir la ley”. Este punto también fue planteado por la iniciativa del sector comunitario.
El proyecto de Holguín plantea que el Estado es el encargado de estimular y garantizar acciones afirmativas para permitir el desarrollo y fortalecimiento de medios comunitarios. También establece la prohibición de censura previa y derecho a rectificación y determina la protección de derechos a través de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, prevé la realización de talleres de capacitación sobre el manejo de información desarrollados por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Los talleres tendrán “énfasis en la verificación, contrastación, precisión y contextualización de la información y temas relacionados a posibles vulneraciones de Derechos Humanos vinculados a las personas responsables y producir y difundir contenidos sociales que fomenten los derechos y deberes ciudadanos, realizados por el propio medio en relación a la falta de cometida”.
La iniciativa prevé la participación ciudadana a partir de distintas formas de organización (veedurías, observatorios, asambleas) con la presencia de distintos sectores (academia, organizaciones sociales, gremios, entre otros) para velar por el cumplimiento del derecho a la comunicación en los medios de comunicación.
El Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación estará integrado por un representante del Ejecutivo, un representante de las facultades y escuelas de comunicación social de las universidades públicas y un miembro elegido por los delegados del Consejo Consultivo del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.
El proyecto de Holguín también aborda aspectos sobre contenidos de violencia, discriminatorios, entre otros.
Por el momento, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió 37 comparecencias de distintos sectores para presentar sus opiniones sobre el proyecto del Ejecutivo. En el último encuentro, participaron entre otros Frank La Rue, ex relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión.
Según informó Fundamedios, La Rue dijo que el Estado tiene que garantizar el derecho de la población a estar informado y que no se pueden penalizar las opiniones porque se violarían los principios de libertad de expresión del Sistema Interamericano. La Rue consideró que las sanciones deberían ser de carácter administrativo.
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