El Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana presentó en la Asamblea Nacional de Ecuador su proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Comunicación, de la mano de los asambleístas Peter Fernando Calo y Dina Farinango.
“El presente proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación fortalece la libertad de expresión, promueve la democratización de los espacios para los medios comunitarios, públicos y privados; propicia la protección y promoción de derechos de grupos históricamente excluidos a través de un enfoque intercultural y de género; y, abarca una regulación conforme estándares internacionales de derechos humanos y la realidad ecuatoriana”, dice el documento.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que integra la organización que presentó el proyecto, aseguró que “este proyecto se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, más precisamente, con el objetivo cuatro sobre educación de calidad laque los medios sirven para circulación de contenido educativo y cultural. También con el objetivo cinco de igualdad de género, que implica que la comunicación y los medios deben respetar derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y sexo de géneros diversos. Asimismo se relaciona con el objetivo diez de reducción de desigualdades desde la inclusión social. Por eso proyecto de ley defiende democratización de medios de distinto tipo y no tiene solo como referentes a los medios privados comerciales”.
Iza además sostuvo que “la propuesta no solo defiende los derechos de información y comunicación, libertad de expresión, de opinión y prensa, sino que se somete a estándares internacionales y combina la autorregulación con medidas de regulación que respeta la normativa internacional”.
Señaló que el proyecto establece el principio de responsabilidad ulterior por las opiniones que se emitan, sin penalizarlas, así como también “propone acciones afirmativas para democratizar acceso a los medios para grupos más vulnerables, así como mejorar la calidad, pluralidad y diversidad de contenidos”.
Por su parte, Cristina Benavides, directora de la carrera de Comunicación de la Universidad Central, que también participó en la elaboración del proyecto, explicó que la iniciativa contempla la participación ciudadana en el Consejo de Comunicación, así como también mantiene la reserva del 34% de las frecuencias del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. Asimismo, explicó que la iniciativa plantea que los medios nacionales no pueden pertenecer a empresas extranjeras.
OBSERVACOM tuvo acceso al proyecto de ley que, en su primer artículo, define a los medios nacionales (cobertura del 30% o más de la población), regionales (entre el 5% y el 30%) y locales (menos del 5%). Allí también establece que “los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional”.
El proyecto combina elementos de autorregulación con regulación estatal, ya que indica que tanto medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben expedir códigos deontológicos pero éstos “no pueden suplir a la ley”.
Además, el tercer artículo establece el principio de acción afirmativa para la adopción de medidas para mejorar las condiciones de acceso y ejercicio del derecho a la comunicación de grupos vulnerables. “Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto”, dice el documento.
Entre las acciones afirmativas se detallan fondos de fomento para la compra de equipamiento y capacitación; asignación del 25% de puntuación en cada etapa del concurso para medios comunitarios y que las bases de los concursos tengan en cuenta la realidad del sector; tarifas preferenciales para los servicios; exenciones impositivas por la importación de equipos; entre otras (artículo 17).
El proyecto prohíbe la censura previa y afirma la responsabilidad ulterior por la difusión de contenidos en medios de comunicación, “sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar”.
La iniciativa distingue entre medios públicos (con independencia financiera y editorial del gobierno) y medios públicos de carácter oficial.
En cuanto al diseño institucional, el proyecto Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana propone que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (artículo 9) esté compuesto por siete miembros: uno del Ejecutivo, un delegado de los Consejos Nacionales de Igualdad; uno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; uno en representación de los Gobierno Autónomos Descentralizados; uno por el Consejo Superior de Educación; uno por las facultades y escuelas de comunicación social, periodismo o ciencias de la información; y uno por el Consejo Consultivo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación.
En relación a este último, también prevé una composición plural, integrada por representantes de medios de distinto tipo (público, comunitario y privado), de distintos pueblos y de la academia (artículo 10).
La iniciativa prevé que la Defensoría del Pueblo sea la encargada de defender a las audiencias.
El proyecto también incluye detalles sobre mecanismos de financiamiento de los medios comunitarios. También se plantea la reserva equitativa de frecuencias: 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para comunitarios.
Por último, la iniciativa reconoce distintos mecanismos de acceso a las frecuencias: adjudicación directa para medios públicos, medios comunitarios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y proceso competitivo para medios privados y demás medios comunitarios.
Con la presentación de esta iniciativa, son cuatro los proyectos en la Asamblea: el del sector comunitario, el de los medios privados (AER), el proyecto presentado por el presidente Guillermo Lasso; y el de los legisladores Marjorie Chávez (PSC) y Fernando Villavicencio, denominado Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación. Aunque los últimos dos fueron recientemente unificados.
La presentación en vivo de la entrega a la Asamblea del proyecto del Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana se puede ver acá.
El proyecto completo se puede consultar acá.
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