El diputado nacional oficialista y director en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, presentó un proyecto de “ley de promoción de la diversidad en TV paga”, que restablece las obligaciones para prestadores de TV por cable y satelital previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fueron modificadas a través del DNU 267/2015, sancionado durante la presidencia de Mauricio Macri.
El proyecto, de ocho artículos, establece que se deberán incluir en la grilla de los operadores de TV paga (cable y satelital) sin codificar las señales del sistema público, del Estado nacional, provincial, municipios y universidades nacionales.
También se prevé que se incorporen de modo gratuito para los licenciatarios las señales de TV abierta que coincidan con la zona de prestación de operadores de TV paga; la inclusión de señales informativas de carácter federal; una señal de generación propia y local en el caso de los prestadores de TV por cable y de producción nacional propia en el caso de TV satelital.
Además, para la televisión por cable se determina la inclusión de un mínimo de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos con los que Argentina haya suscripto o suscriba a futuro convenios.
El artículo cinco del proyecto se refiere a las condiciones de accesibilidad y determina que “las señales de noticias y las de RTA (Radio y Televisión Argentina) deberán incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto, lengua de señas y audiodescripción para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y/u otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”.
El artículo sexto repone la obligación del ordenamiento de la grilla por rubro temático, así como también la agrupación de los servicios de TV abierta.
Asimismo, el proyecto de ley recupera la obligación sobre cuota de pantalla de cine y obras audiovisuales nacionales y criterios de proyección de la niñez y contenidos dedicados, entre otros.
En los fundamentos del proyecto se explica la centralidad de la TV paga para el acceso y circulación de bienes y servicios culturales. “La Televisión por cable (Televisión por suscripción tanto por vínculo físico o radioeléctrico) llega a casi el 70% de los hogares de nuestro país. Es decir que para garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales, para fomentar a la industria y garantizar la circulación de la producción, la televisión por cable resulta imprescindible”, expresa el proyecto.
“El presente proyecto de ley se relaciona con la necesidad un nuevo marco normativo que garantice adecuada y ordenadamente la regulación de los servicios de televisión por suscripción a la vez que recupere el espíritu imbuido por la ley No. 26.522 para dichos servicios. Asimismo, no puede dejar de indicarse que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) No. 690 del 21 de agosto de 2020 declaró a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, ente los cuales se encuentran comprendidos los servicios de la televisión por suscripción”, explica.
Como publicamos en OBSERVACOM, cabe recordar que el DNU 690 fue judicializado por el principal grupo de comunicaciones del país, Telecom (Clarín), que quedó eximido de acatar el decreto y una serie de resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En mayo de este año, la Cámara Contencioso Administrativo Federal otorgó a Telecom Argentina una medida cautelar por seis meses que luego fue prorrogada por seis meses más.
El proyecto de ley completo se puede consultar aquí.
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