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Corte Superior de Justicia de Perú anuló sentencia que obligaba a El Comercio a deshacer la fusión con EPENSA

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló la sentencia que en primera instancia que había ordenado deshacer la fusión entre El Comercio y EPENSA.

El tribunal consideró que hubo vicios procesales (los involucrados no fueron debidamente notificados tras el fallecimiento de Olga Banchero Rossi, propietaria de las acciones de EPENSA) y apuntó a la demora de la justicia en emitir una sentencia, por lo que derivó el caso a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) para que investigue, según informó Perú 21.

Así, declaró la nulidad de lo actuado «hasta el estado de reponer la causa antes de emitir sentencia”.

La Corte consideró que no había justificación para los ocho años que demoró el juez en primera instancia para emitir la sentencia. Como publicamos en OBSERVACOM, el caso inicio en noviembre de 2013 y la sentencia llegó este año.

 “Además de no encontrar justificación alguna, merece –a consideración de este colegiado– ser investigado” por la ODECMA de Lima, señala el fallo.

De acuerdo con El Comercio, el caso volverá al juzgado en primera instancia para que emita una nueva sentencia.

Como publicamos, en junio de este año, la 4° Sala Constitucional de Lima emitió un fallo histórico al hacer lugar al amparo de periodistas y declarar nula la fusión entre Epensa y Grupo El Comercio por considerar que el acto de concentración violó la libertad de expresión e información y el pluralismo informativo. El fallo ordenaba la desinversión y exhortaba al Congreso y al Poder Ejecutivo a dictar medidas para garantizar este derecho en los mercados de comunicación.

En 2013, un grupo de periodistas presentaron un amparo que cuestionaba la adquisición por parte de El Comercio de las acciones de EPENSA y Alfa Beta Sistemas. Con esta operación, Grupo El Comercio pasaba a dominar el 78% del mercado de venta de diarios.

Luego de años de inacción de la Justicia, los periodistas recurrieron al fuero internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2015. En 2019, la CIDH pidió explicaciones al gobierno por las dilaciones en resolver este caso. Frente a esto, el procurador del Ministerio de Justicia de Perú aseguró que los plazos eran razonables y que a pesar de que no hubiera sentencia en primera instancia en todo ese tiempo, había habido actividad procesal del juez que se fue pronunciando a través de distintas actuaciones.

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